Familiares de víctimas denuncian al juez Velasco que Interior ha incumplido de forma "grave y escandalosa" la ley al no detenerles
MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha pedido a la Fiscalía que le informe sobre el estado en el que se encuentran las órdenes de detención con fines de extradición que la juez argentina María Servini cursó contra 19 acusados por crímenes cometidos durante el franquismo, entre ellos los ex ministros José Utrera Molina o Rodolfo Martín Villa, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El magistrado ha hecho esta petición después de recibir varios escritos de asociaciones personadas en la causa abierta en Argentina informando de la "omisión escandalosa y disconforme a derecho" del Ministerio del Interior al no poner a disposición judicial a los requeridos por Servini y al remitir las peticiones a la Fiscalía, cuando es un órgano ajeno e incompetente para tramitarlas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 pidió información sobre este asunto al Ministerio Público, que preguntó al respecto al Ministerio de Justicia y este le respondió que la documentación remitida por el juzgado de Buenos Aires estaba incompleta.
Así las cosas, Velasco ha vuelto a preguntar a la Fiscalía su posición respecto a los acusados. La sección argentina de Interpol pidió en noviembre de forma "urgente" la detención preventiva con fines de extradición, pero la oficina de Madrid protestó ante la Secretaría General con sede en Lyon, que aceptó la queja.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) denunció ante el juzgado de Velasco el "incumplimiento grave" por parte de las autoridades policiales españolas de la Ley de Extradición Pasiva y del Convenio bilateral de asistencia jurídica en materia penal suscrito entre España y Argentina en 1987.
"Dichas autoridades no solo incumplen con su obligación de poner a disposición judicial a los requeridos por el juzgado argentino, sino que remiten las órdenes de detención a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, órgano ajeno e incompetente para tramitar y ejecutar las citadas órdenes por cuanto que su actuación se produciría una vez que los imputados fueran puestos a disposición judicial", explican.
En este sentido, exponen que la comunicación cursada por Interior a la Fiscalía de la Audiencia Nacional "no puede resultar más improcedente y contraria a derecho" y que además, en un "alarde de desconocimiento e ignorancia inexcusable" de la ley, se permite afirmar que los jueces españolas no han solicitado hasta el momento que se lleven a cabo las órdenes de detención.
"Esto es, se pretende por parte de las autoridades gubernativas que sean las autoridades judiciales las que ejecuten las órdenes de detención, cuando no se les ha comunicado la existencia y el contenido de las mismas ni por parte del Ministerio del Interior ni por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional", concluyen los denunciantes.
EX MINISTROS Y MILITARES IMPUTADOS
La magistrada imputó el pasado noviembre a Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979), a Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, a otros políticos de la dictadura, ex miembros de las Fuerzas Armadas, ex jueces y hasta un antiguo ginecólogo.
Entre los políticos, se encuentran los ex ministros Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista), Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el pasado septiembre.
En concreto, acusa a Utrera Molina, Licino de la Fuente, Carro y Barrera de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.
A Rodolfo Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores y hubo más de cien heridos muchos de ellos por armas de fuego.
Al ex ministro de Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.
Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernándo Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.
Además de estos cargos políticos, la querella se dirigía contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustracción de menores.
A petición de la Fiscalía, imputó a Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar), Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) y a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsona y Atilano del Valle.
Además, imputó a Abelardo García, denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967 donde trabajaba como médico ginecólogo.
La Audiencia Nacional rechazó extraditar al expolicía Antonio González Pacheco 'Billy el niño' y al excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas por estar prescritos sus delitos.
El caso tiene su origen en la denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y sus familiares agrupados en la Coordinadora CEAQUA al entender que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 constituían un plan sistemático y planificado de "aterrorizar a españoles" por su ideología y de sustracción de menores.
