El Congreso desoye el veto del Gobierno y tramita las leyes del PSOE sobre la LOMCE y subcontratados

 
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El Congreso desoye el veto del Gobierno y tramita las leyes del PSOE sobre la LOMCE y subcontratados

Ana Pastor preside la Mesa del Congreso de los Diputados
EUROPA PRESS
Actualizado 18/10/2016 14:21:49 CET

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La Mesa del Congreso ha rechazado el veto del Gobierno a dos proposiciones de ley del PSOE sobre la paralización de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y las condiciones de los trabajadores de subcontratas y ha decidido continuar su tramitación parlamentaria, eso sí con el voto en contra del PP, según indicaron fuentes del órgano de gobierno de la Cámara.

El Gobierno del PP había comunicado al Congreso su rechazo a tramitar diez proposiciones de ley promovidas por la oposición y por distintos parlamentos autonómicos y lo justificaba en que, si salieran adelante, supondría una desviación presupuestaria de más de 5.000 millones de euros y pondrían en riesgo el cumplimiento del plan de estabilidad comprometido con Bruselas.

Conforme a la legislación, las proposiciones de ley que se registran en el Congreso deben contar con el visto bueno del Ejecutivo para ser debatidas, ya que el Gobierno cuenta con capacidad para vetar aquellas que, a su entender, puedan tener efectos negativos sobre los presupuestos en curso o previstos, ya sea porque merman los ingresos o porque aumentan los gastos.

LAS OTRAS OCHO VETADAS, EN SUSPENSO

El Ejecutivo de Mariano Rajoy, que hasta ahora no había usado esa capacidad de veto, se pronunció en concreto contra cinco proposiciones de ley del PSOE (paralización de la LOMCE, subcontratas, supresión de tasas judiciales, pobreza energética y universalización de la asistencia sanitaria), una de Ciudadanos (sobre autoconsumo eléctrico) y cuatro de parlamentos autonómicos (una de Murcia sobre autoconsumo energético, una del País Vasco para compensar a víctimas del amianto, otra de Galicia para asumir la titularidad de la autopista de peaje AP-9, y una de Baleares sobre emprendedores).

Cada una de estas proposiciones de ley ha sido objeto de un escrito específico argumentado los motivos concretos del veto, siempre relacionado con un aumento del gasto presupuestario o una reducción de los ingresos previstos. Fuentes de Moncloa aseguran a Europa Press que, si salieran adelante estas leyes, el presupuesto sufriría un aumento extraordinario de 5.000 millones de euros, un impacto que sería mucho mayor si se sumaran las consecuencias indirectas de su puesta en marcha.

En la Mesa del Congreso se han examinado los diez vetos del Gobierno y, de entrada, la oposición entiende que dos de ellos son injustificados: la ley para mejorar las condiciones de los subcontratados, que es un cambio del Estatuto de los Trabajadores, y la paralización de la llamada 'Ley Wert'.

En el caso de la paralización de la LOMCE, el Gobierno argumentaba que, si se detuviera el calendario de aplicación, España sufriría una pérdida de ingresos de casi 615 millones de euros provenientes de Fondos Europeos. Esta misma iniciativa llegó a debatirse en el Pleno del Congreso la pasada legislatura, pero entonces Moncloa renunció al veto al considerar que, ante la previsible disolución de las Cortes, el calendario no peligraba.

INFORME A LOS SERVICIOS JURÍDICOS

En cuanto a las ocho restantes, su tramitación queda en suspenso. No obstante, la Mesa del Congreso ha acordado pedir un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para decidir siguientes pasos.

En los anteriores casos de vetos del Gobierno, las proposiciones de ley que no contaban con el visto bueno de Moncloa se daban por decaídas, pero entonces la Mesa del Congreso tenía la misma mayoría que el Ejecutivo.

Como la Mesa, pese al voto en contra del PP, ha acordado seguir adelante con estas dos proposiciones de ley, el Gobierno ya ha adelantado su intención de recurrir. El caso puede acabar en los tribunales o incluso plantearse un nuevo conflicto de competencias con el Congreso.

Y a tenor de estos precedentes, todo apunta a que el Gobierno tampoco permitirá tramitar la proposición de ley que el PSOE y todos los grupos de la oposición salvo Ciudadanos registraron la pasada semana, junto con los sindicatos, para subir las pensiones en 2017 por encima de la inflación.

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