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MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Icod de los Vinos (Tenerife) se ha dirigido al Senado para pedirle certificación de que el socialista Aurelio Abreu es miembro de la Cámara. Se trata del juzgado que investiga una denuncia contra este senador por malveración y prevaricación.
Esta certificación es necesaria para acreditar la condición de aforado puesto que los senadores solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo. Este, a su vez, si quiere finalmente juzgar al parlamentario, deberá pedir al Senado esta acreditación y un suplicatorio para el desaforamiento de Abreu.
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife presentó una denuncia el pasado 5 de diciembre por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos contra Abreu, ex alcalde de Buenavista del Norte, actual vicepresidente del Cabildo de Tenerife y senador por esta isla.
La intervención se produjo tras la denuncia presentada por el actual alcalde, Antonio González, el pasado mes de julio y basada en la tramitación del expediente de una residencia para discapacitados en la localidad.
En la notificación enviada por la Fiscalía Provincial al Ayuntamiento se describe que en el año 2006 se celebró un contrato con un estudio de arquitectos comandado por un exconcejal del Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife para la realización y dirección de obras en la residencia para discapacitados, sin haber seguido licitación pública a pesar de ser requerido por ley, llevándose a cabo, por tanto, una adjudicación directa.
La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales destinó una subvención al Ayuntamiento de Buenavista para la redacción de dicho proyecto por la cantidad de 162.000 euros, de los cuales fueron pagados al citado estudio de arquitectos 160.000 euros en concepto de redacción. Según el Ayuntamiento, el proyecto sin embargo no apareció ni tuvo registro de entrada en el consistorio.
Al mismo tiempo, se realizaron consultas al Colegio de Arquitectos de Canarias y a la Consejería de Bienestar Social, y dada la respuesta de la inexistencia del citado proyecto en dichas instituciones, se decidió acudir a la Fiscalía por si tales hechos pudiesen ser constitutivos de infracción penal.
