Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 09/06/2010 18:59
El Senado blindó hoy los principales cambios introducidos por el Congreso en el texto de reforma de la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad con su aprobación del nuevo marco normativo de pago para empresas y particulares, según informó la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM) en un comunicado.
El portavoz de PMCM, Antoni Cañete, calificó este cambio legal "histórico" y afirmó que supone "la primera reforma estructural que hace España en la crisis económica".
El texto, pendiente de aprobación parlamentaria, incluye un plazo máximo de pago de 60 días a partir de la fecha de recepción de la mercancía o prestación del servicio y no de la factura.
Además, este plazo se acorta a 30 días con la misma regla de cómputo para el caso de los productos frescos. Cañete destacó que esta nueva normativa "cambiará la nefasta cultura de pagos" que tiene España y que ha agudizado la crisis.
La Ley instará también al Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) a promover que las memorias anuales de empresas auditadas incluyan de forma obligada información sobre sus plazos medios de pago a proveedores.
En caso de que esta obligación no se cumpla, las organizaciones patronales podrán promover denuncias antes órganos administrativos y judiciales en la defensa de los intereses de sus asociados en este campo.
Por otro lado, se tendrán en cuenta la singularidad de los sectores de actividad, por ello, la gran distribución podrá liquidar facturas agrupadas con ciertos límites, a la vez que se mantiene el calendario de aplicación gradual hasta 2013 para el sector privado y las administraciones públicas, ya pactado en el Congreso. Este calendario establece tramos a cumplir de 120, 90 y 60 días.
Para adaptarse a la Ley, los contratos de suministro deberán modificarse en un plazo máximo de tres meses y se aplicará un régimen provisional y excepcional para los proveedores de obras públicas, cuyos plazos de cobro serán en cualquier caso mejores que los actualmente vigentes.
Además, las administraciones locales también contarán con financiación del ICO para hacer frente a sus pagos pendientes con pymes y autónomos.
La Plataforma recordó que, a partir de ahora, quedará "el difícil reto de poner en práctica con la máxima ambición una Ley que deberá mejorar la situación de miles de pymes y autónomos y reequilibrar las reglas del juego en España".
La PMCM representa a 1,5 millones de empresas, que emplean a más de cuatro millones de trabajadores y que suponen un volumen de negocio superior a los 150.000 millones de euros, un 15% del PIB español.