Pide que confirme las penas de entre 5 y 7 años que impuso la Audiencia Nacional por colaborar con la banda terrorista
MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado que se confirme la condena a penas de entre 5 y 7 años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional a cuatro personas que cobijaron y ayudaron a huir en 2008 a dos miembros del 'comando Vizcaya'. Además, ha pedido que no atienda la petición de la defensa que reclamaba que fueran castigados por un delito de encubrimiento en caso de no aceptar la absolución.
El alto tribunal ha celebrado este jueves una vista pública para revisar la sentencia dictada el verano pasado por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional que condenó a siete años de cárcel a Amets Ladislao, dado el "papel preponderante" que desempeñó en los hechos enjuiciados, y a cinco años de prisión a María Mercedes Alocer, Ibai Egurrola y Javier Gutiérrez. El tribunal consideró a los cuatro culpables de un delito de colaboración con organización terrorista.
La fiscal ha subrayado la "validez" de las declaraciones efectuadas por los detenidos en dependencias de la Guardia Civil y ha precisado que no ha quedado acreditado que las lesiones denunciadas por los mismos fueran originadas por posibles torturas. En este sentido, ha recordado que pudieron ser ocasionadas en un accidente de tráfico que sufrió el furgón policial que les trasladaba y que, en cualquier caso, "no basta cualquier duda" para confirmar que las declaraciones se practicaron sin las debidas garantías legales.
No obstante, la representante del Ministerio Público ha aceptado uno de los argumentos esgrimidos por la defensa de Ibai Egurrola y ha admitido que no se puede considerar que trasladó el 8 de diciembre de 2008 al integrante del 'comando Vizcaya' Aitor Artetxe ya que la Fiscalía no planteó ninguna acusación respecto a este hecho.
ESTABA EN UNA COMIDA POPULAR ANTE 300 PERSONAS
Durante la vista, el abogado de Ibai Agurrola también ha hecho referencia al viaje que presuntamente realizó su cliente el 15 de noviembre de aquel año para ayudar a cruzar la frontera al otro miembro del comando, Asier Borrero, y ha apuntado que su representado estaba aquel día "en una comida popular", en la que estaban presentas "más de 300 personas" y que él mismo firmó los contratos de alquiler del material utilizado en la cita.
Por su parte, el resto de abogados defensores han reclamado la libre absolución de sus defendidos al no haber "suficiente" material probatorio y considerar inválidas sus declaraciones autoinculpatorias al haber sido obtenidas bajo "un trato cruel e inhumano".
En caso de que la Sala no acepte la absolución, han reclamado que sean condenados por un delito de encubrimiento, en vez de por colaboración con organización terrorista, ya que no tenían el ánimo de favorecer "la actividad de ETA", sino de ayudarles a escapar. Además, han recordado que sobre el presunto miembro del comando Vizcaya Asier Borrero no pesa ninguna sentencia condenatoria ni ningún proceso abierto por integración en organización terrorista.
La sentencia de la Audiencia Nacional, de la que fue ponente la juez Ángela Murillo, sustentaba las condenas en las declaraciones de los detenidos en las dependencias de la Guardia Civil, en las que éstos reconocieron y contaron cómo se desarrolló la ayuda prestada a los dos presuntos etarras; datos objetivos que corroboran de manera externa estos relatos, y la declaración de los miembros del Instituto armado que participaron en el operativo. El ponente de la resolución que dicte el Supremo será el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez.
"ABSOLUTO DESAMPARO" DE BORRERO
Según el relato de hechos probados, a mediados de julio de 2008 Mercedes Alcocer pidió a Amets Ladislao que ocultara en su casa a Asier Borrero, miembro huido de ETA, ya que se encontraba "en situación de absoluto desamparo, en la calle". Ladislao accedió a la petición, aunque advirtió que debía consultárselo a su compañera de piso, María Isabel Prieto, que "no puso inconveniente alguno".
Así, Borrero pasó a ocultarse en la casa que compartían estas dos procesadas desde ese momento hasta el 15 de noviembre de 2008, cuando fue ayudado a cruzar la frontera con Francia por Alocer, Ladislao y un tercer procesado, Ibai Egurrola. En el trayecto, los tres mantuvieron "medidas de seguridad", tales como usar coches y teléfonos ajenos, con mensajes y llamadas en clave.
Un mes después, Ladislao volvió a intervenir en el traslado de otro presunto miembro del 'comando Vizcaya', Aitor Artetxe, en este caso con ayuda de Egurrola y un cuarto acusado, Javier Gutiérrez, sin que en estos hechos intervinieran ni Mercedes Alcocer ni María Isabel Prieto.
El día 8 de diciembre de 2008, Ladislao, Egurrola y Gutiérrez emprendieron viaje a Francia con Aitor Artetxe en dos vehículos y dejaron al presunto etarra en un "preciso lugar" que había sido concertado con otros individuos. Como "contraseña identificativa", el presunto etarra "debería portar visiblemente una palmera de chocolate".
Sin embargo, en este segundo viaje los acusados estaban siendo vigilados por miembros de la Guardia Civil, que constataron como Artetxe se bajaba del vehículo que le condujo asta la localidad francesa de Bigorre.
DENUNCIAS DE TORTURA
La sentencia de la Audiencia Nacional dedicaba una parte importante de sus 64 folios a entrar en la cuestión de las torturas que los procesados alegaron haber sufrido por parte de miembros de la Guardia Civil y que relataron de manera detallada en el juicio.
Pues bien, el tribunal entendió que no había "prueba alguna" que le autorizara a establecer "la realidad de los comportamientos crueles, despiadados e inhumanos de los que los acusados, con rotundidad ante estos juzgadores, aseguraron haber sido víctimas" a manos de funcionarios de la Guardia Civil.
Tampoco tuvo en cuenta la Audiencia Nacional las declaraciones de varios testigos de la defensa, que no le ofrecían "credibilidad alguna", dado el "indudable afecto y gran confianza" que tenían respecto a las personas sobre las que testificaron.
