Galparsoro, que aún podría ser acusada de integración, esperará en los calabozos de la AN la decisión del juez
MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional y las acusaciones populares ejercidas por la AVT y Dignidad y Justicia solicitaron hoy prisión incondicional sin fianza para la alcaldesa de Arrasate-Mondragón (Guipúzcoa), Inocencia Galparsoro, de Acción Nacionalista Vasca (ANV). El Ministerio Público considera que la primera edil del ayuntamiento guipuzcoano ha podido cometer un delito de colaboración con organización terrorista, desobediencia judicial y quebrantamiento de la suspensión de actividades que acordó el magistrado respecto a esta formación política el pasado 8 de febrero, informaron fuentes jurídicas.
Queda pendiente de confirmar a estas horas la posibilidad de que el Ministerio Público solite finalmente el encarcelamiento por integración en organización terrorista en virtud del contenido de un informe policial que llegó al Juzgado titulado por Garzón a media mañana de hoy. La alcaldesa se encuentra en estos momentos en los calabozos de la Audiencia Nacional en espera de la decisión del magistrado, que no se producirá hasta la tarde.
El Ministerio Público considera que como representante de ANV Galparsoro es "la voz institucional que le queda a ETA". La fiscal Dolores Delgado defendió ante el juez que desde 1987 la alcaldesa viene desarrollando actividades políticas en el seno de organizaciones integradas en la estructura de ETA como Batasuna, EH y Herri Aritza.
Garpalsoro no se vinculó con ANV hasta 2007, añadió la fiscal, que dijo que desde enero de 2008 se inicia "una nueva estrategia marcada por ETA y seguida por el frente Batasuna-EKIN-ANV de acumulación de fuerzas soberanistas". En este sentido recordó que en la campaña electoral ETA Batasuna y sus satélites defendieron la abstención activa y el boicot a las elecciones. Crearon, además, un grupo de electos independientes de ANV para seguir con esta misma estrategia.
La alcaldesa llegó a la Audiencia Nacional poco antes de las 10 de la mañana acompaña del presidente de ANV, Kepa Bereziartua, y una veintena de simpatizantes de la formación suspendida, que irrumpieron en aplausos cuando la primera edil realizó su entrada en las dependencias judiciales.
La declaración no comenzó hasta las 12 y tuvo que ser interrumpida poco después tuvo que ser interrumpida ante la llegada al Juzgado de un informe policial en el que se reflejan las actividades en las que ha participado la alcaldesa desde la suspensión de la formación, informaron fuentes jurídicas. En estos momentos se celebra una vistilla para determinar la posible imposición de medidas cautelares contra Galparsoro.
La citación del magistrado se produjo el pasado viernes mediante una providencia enmarcada en el sumario que tramita el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 contra varios miembros de ANV por delitos de integración en organización terrorista. Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que la citación ha venido provocada por "las últimas actuaciones" llevadas a cabo por la alcaldesa.
RUEDAS DE PRENSA.
Galparsoro y los seis concejales de ANV en el Ayuntamiento de Mondragón ofrecieron el pasado 12 de marzo una rueda de prensa tras el asesinato del ex edil del PSE Isaías Carrasco. En la convocatoria indicaron que se negaban "a entrar en el juego de la condena" de los atentados y destacaron que con esta postura no rompían "ninguna regla democrática".
Además, la alcaldesa tomó parte junto a varios primeros ediles de Ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale en una rueda de prensa celebrada en San Sebastián el pasado día 23 de abril en la que ANV advirtió que no apoyaría las mociones 'éticas' consensuadas por PSE y PNV en las que se solicita la dimisión de los cargos de ANV si no condenan la violencia terrorista.
Los alcaldes consideraron que estas mociones esconden "bajo el maquillaje ético" una "estrategia de represión contra la izquierda abertzale". En la rueda de prensa ANV anunció, además, que presentaría "pueblo a pueblo" sus propias mociones en las que se recoge que las dimisiones y mociones de censura "no contribuyen a la solución del conflicto".
El Ayuntamiento de esta localidad guipuzcoana rechazó la pasada semana la moción 'ética' planteada de forma conjunta por PNV y PSE-EE para que los representantes de ANV dimitieran de sus cargos si no rechazaban la violencia de ETA. Tan sólo los dos partidos que propusieron el texto lo respaldaron en el pleno, que se desarrolló con protestas de simpatizantes de la izquierda abertzale.
Esta moción viene motivada porque tanto la alcaldesa como los otros siete ediles de ANV en el Ayuntamiento de Mondragón se negaron a condenar el asesinato a manos de ETA del ex concejal socialista de la localidad Isaías Carrasco, ocurrido el pasado día 7 de marzo.
El voto de calidad de Galparsoro sirvió días después del atentado para rechazar una moción de condena del asesinato del ex edil socialista presentada por el PP, en la que se pedía que el Ayuntamiento "expresara su rechazo más absoluto y rotundo al terrorismo de ETA y su repulsa por los métodos que emplea para coaccionar y amenazar al conjunto de la sociedad".
NO AFECTA A CARGOS PÚBLICOS
Según el auto en el que Garzón suspendía las actividades de ANV, esta medida "afecta a todas aquellas actividades que puedan desarrollar como grupo fuera de los estrictos límites de la actividad institucional en las Diputaciones Forales, las Juntas Generales, los ayuntamientos del País Vasco y Navarra y cualesquiera otras instituciones en las que puedan tener representación o intervención, así como el uso de locales, de titularidad pública, como tal grupo".
La medida, que se desarrollará durante un periodo de tres años prorrogable a cinco, afecta a ANV en "todas las actividades orgánicas, públicas, privadas e institucionales" que desarrolle "en todos y cada uno de los ámbitos y organismos públicos, registros, bancos, notarios, fundaciones, asociaciones, sociedades y organismos similares".
No afecta, en todo caso, a las actividades que, "como personas individuales y titulares exclusivos de los correspondientes escaños", puedan ostentar las "personas integradas en la formación política".
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