MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido los esfuerzos del Gobierno en materia de transparencia asegurando que la Administración cumple con las resoluciones del Consejo de Transparencia y que solo el 8 por ciento de las reclamaciones al Consejo provienen de las instituciones públicas.
Ante la pregunta de la portavoz adjunta socialista, Adriana Lastra, sobre la resistencia del Gobierno a cumplir con la legislación de transparencia, Montoro ha negado el incumplimiento de la ley, que, según ha recordado, fue adoptada por el Gobierno del presidente Mariano Rajoy. Por ello ha descrito al Ejecutivo como "los introductores" en esta materia.
"El Gobierno no se resiste a nada, menos a cumplir la legislación de transparencia. Estamos viviendo la experiencia de su aplicación real", ha contestado el titular de Hacienda.
Y sobre los recursos interpuestos por la Administración ante el Consejo de Transparencia, 36, de los cuales 22 son del Gobierno, incluido el recurso de ocho ministerios a hacer públicos los fondos de publicidad institucional, Montoro ha restado importancia a estas reclamaciones alegando que "han supuesto solo el 8 por ciento del total".
ESCASA CONFLICTIVIDAD
Además el ministro ha reiterado que de ellas "solo un 3,5 por ciento" han sido admitidas a trámite, lo que demuestra "la escasa conflictividad" en esta materia. Y después la Administración ha interpuesto 33 recursos, ha reconocido, "pero las solicitudes tramitadas son solo el 0,36 de del total".
En su intervención, Lastra ha acusado al Gobierno de negarse a publicar los datos patrimoniales de 175 altos cargos y ha recordado que el exsubsecretario de Presidencia, Federico Ramos, dimitió tras verse inmerso en el caso Aquamed: "¿Cuántos otros Aquamed se están ocultando?", ha señalado.
Por su parte, Montoro ha apuntado que "dentro de poco" se conocerá el patrimonio de los altos cargos salientes, garantizando que "habrá máxima transparencia" y reivindicando que el Portal de Transparencia, creado 2013, ofrece mas de 1,5 millones de datos sobre cargos públicos.
