VITORIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco presentó ayer una queja formal ante las instituciones de la Unión Europea en Bruselas contra la decisión del Gobierno central de no realizar un informe de evaluación de impacto ambiental del proyecto de construcción de un centro penitenciario en la localidad alavesa de Nanclares de la Oca, al considerar que ello vulnera la legislación comunitaria.
En un comunicado, el Ejecutivo recordó que en el Consejo de Gobierno del pasado 20 de enero, el Gobierno vasco formuló oficialmente un requerimiento previo a la interposición de recurso contencioso-administrativo para que el Consejo de Ministros revocase su acuerdo de 28 de noviembre de 2008, por el que declara excluido del trámite de evaluación de impacto ambiental el proyecto de construcción de un centro penitenciario en el término municipal de Nanclares de la Oca.
El citado Consejo, autorizó asimismo a la Dirección de lo Contencioso de la Vicepresidencia del Gobierno para que, en el caso de que el referido requerimiento sea rechazado, interponga ante la jurisdicción contencioso-administrativa el correspondiente recurso contencioso-administrativo.
Además, de forma paralela, se ha cursado una queja oficial en la Unión Europea, al considerar que la decisión del Gobierno central de no evaluar el impacto ambiental de la prisión, vulnera la legislación comunitaria.
El Gobierno recordó que el Boletín Oficial del Estado de 19 de diciembre de 2008 publicó el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se declara excluido del trámite de evaluación de impacto ambiental el proyecto de construcción de un Centro Penitenciario en el término municipal de Nanclares de la Oca, "basando dicho Acuerdo en razones de urgencia y perentoriedad".
El Gobierno vasco considera "injustificado" que se aleguen razones de urgencia y perentoriedad para un proyecto "que, tal y como se recoge explícitamente en el Acuerdo de Consejo de Ministros, ya el 11 de enero de 2006 conocía su ubicación".
Según afirmó el Ejecutivo vasco, se trata de un proyecto que, por su ubicación, la zona de los Montes de Vitoria, supone "un alto impacto ambiental que necesaria y obligatoriamente debe someterse estrictamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental".
A su juicio, esta evaluación debe contemplar, además, un estudio de alternativas que no parece haberse realizado para este proyecto. El Gobierno afirmó que el proyecto afecta, asimismo, "de forma apreciable", a lugares incluidos en la Red Natura 2000, que "precisan obligatoriamente de una adecuada evaluación, tal y como lo exige la legislación comunitaria y la estatal".
Asimismo, manifestó que el emplazamiento propuesto para el Centro Penitenciario en el término municipal de nanclares de la Oca "infringe igualmente" la normativa autonómica de ordenación del territorio por tratarse de un ámbito territorial protegido por el Plan Territorial Parcial de Álava Central, que es asimismo catalogado como "Área de Protección Territorial" que "por sus altas cualidades topográficas, naturales, agrarias y forestales, debe ser objeto de conservación frente a desarrollos urbanísticos".
