El Gobierno veta la ley de Podemos para ampliar permisos de paternidad por costar 3.637,83 millones

 

El Gobierno veta la ley de Podemos para ampliar permisos de paternidad por costar 3.637,83 millones

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Unidos Podemos con Pablo Iglesias el Congreso
EUROPA PRESS
Publicado 08/03/2017 17:45:36CET

Ya son 23 las iniciativas que el Ejecutivo ha pedido paralizar en el Congreso

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha comunicado al Congreso su rechazo a la tramitación parlamentaria de una proposición de ley del grupo de Unidos Podemos-En Comú para ampliar los permisos de paternidad, alegando que su aplicación supondría un sobrecoste presupuestario de más de 3.637,83 millones de millones de euros.

Se trata de una iniciativa registrada en enero para equiparar los permisos de paternidad con los de maternidad, lo que implica su ampliación hasta las 16 semanas que ahora tiene la madre, y para además hacerlos intransferibles y estén pagados al cien por cien. Todo ello con el objetivo de que la mujer se vea discriminada en su proyección laboral.

Cuando se registró la proposición de ley, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ya avisó de que vetarla sería "utilizar las instituciones para frenar la democracia". "Nadie lo entendería", aseguró entonces, recordando que la propuesta había sido promovida por la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles (PPiiNA).

El texto se remitió al Gobierno, que conforme a la Constitución tiene capacidad para bloquear iniciativas que considera que alteran los presupuestos en curso, sea por provocar un incremento del gasto o por una disminución de ingresos.

MÁS TIEMPO, MÁS COSTE

En el escrito que acaba de llegar al Congreso y al que tenido acceso Europa Press, el Gobierno explica que "una ampliación de los períodos de suspensión de la relación laboral o de los permisos" previstos en el Estatuto de los Trabajadores "determinaría el correlativo incremento del tiempo de abono de las prestaciones económicas", lo que a su vez "tendría un importante impacto económico en el presupuesto de la Seguridad Social".

A su juicio, ese incremento del gasto "haría inviable en estos momentos la adopción de una medida como la que se pretende, a no ser que se consideren otras posibilidades de financiación de este importante aumento del gasto para el Sistema de la Seguridad Social".

Según detalla, la reforma que el Gobierno pactó con Ciudadanos y que desde el 1 de enero de este año ha ampliado los permisos de paternidad a las cuatro semanas ininterrumpidas supone un coste medio de 500 millones de euros por cada año, mientras que aplicar la ley de Podemos elevaría el coste en otros 560,59 millones el primer año, otros 879,04 millones en 2018, y así sucesivamente hasta sumar un sobrecoste, según el Gobierno de 1.029,78 millones de euros.

En cuanto al coste de la prestación no contributiva de paternidad, que financiaría el Estado, el Gobierno admite que tendría un coste "mínimo", toda vez que el coste de la maternidad no contributiva en estos dos últimos ejercicios ha sido inferior a los 21.000 euros, por lo que "se estima que la incorporación de esta prestación de paternidad no contributiva carece de significación económica".

EL DERECHO A PLAZA ESCOLAR

En su documento, el Gobierno añade que la misma iniciativa incluye una disposición adicional que exige un Plan de universalización del derecho a plaza en escuela infantil desde el día siguiente a la finalización del permiso parental, "asequible económicamente para todos los niveles de ingresos personales de cada uno de los progenitores y con horarios suficientes", lo que según sus cálculos costaría al menos otros 1.608,04 millones de euros.

Para llegar a esa cifra, el Gobierno suma el cálculo de la gratuidad para los centros públicos (177,23 millones), la subvención a la enseñanza privada y el incremento estimado de la escolarización utilizando el módulo.

Con este veto son la 23 las iniciativas cuya tramitación parlamentaria ha vetado el Gobierno en lo que va de legislatura. Sólo dos de ellos, los relativos a la paralización de la LOMCE y la equiparación de las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas, han seguido adelante por decisión de la oposición en la Mesa del Congreso, y ambas han sido recurridas por el Ejecutivo en el Tribunal Constitucional.

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