Piden 20 años de inhabilitación y 3 de prisión para Cacharro Pardo, expresidente Diputación de Lugo

 

Piden 20 años de inhabilitación y 3 de prisión para Cacharro Pardo, expresidente Diputación de Lugo

Actualizado 05/07/2015 1:54:43 CET

Otros dos acusados se sentarán en el banquillo con el expresidente de la Diputación de Lugo en el juicio por la 'Operación Muralla'

LUGO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Diputación de Lugo Francisco Cacharro Pardo y otros dos acusados han sido citados para los días 17, 18 y 19 de septiembre para la celebración en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial luguesa del juicio por la denominada 'Operación Muralla' por un delito continuado de prevaricación y continuado de fraude a la administración.

En concreto, para Cacharro Pardo la Fiscalía pide por un delito continuado de prevaricación la pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y tres años de cárcel y diez de inhabilitación por delito continuado de fraude a la administración, según consta en el escrito del Ministerio Público, recogido por Europa Press.

Además, la Fiscalía considera que Cacharro deberá ser condenado al pago de un tercio de las costas procesales que sean declaradas de abono. Añade que "alternativamente para el segundo delito", debe ser condenado por un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionario a 24 meses de multa con una cuota diaria de 150 euros y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Mientras, para el que fue jefe de servicio de Vías y Obras de la Diputación de Lugo entre 1982 y 2005, José Manuel Romay López, la Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y por delito continuado de fraude a la Administración tres años de cárcel y diez de inhabilitación. En su caso, como en el de Cacharro, el Ministerio Público alternativamente pide 24 meses de multa con una cuota diaria de 150 euros y cuatro años de inhabilitación por un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionario.

Mientras, para el tercer acusado, el ingeniero de caminos José Enrique Cacicedo Herrero, la Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y tres de prisión y diez de inhabilitación por delito continuado de fraude a la administración. Y Alternativamente al segundo delito pide la misma pena que para los dos anteriores por un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionario.

DELITOS

La Fiscalía expone en su escrito que de un delito continuado de prevaricación son autores Francisco Cacharro y José Manuel Romay, siendo José Enrique Cacicedo cooperador necesario. Alternativamente considera a Romay cooperador necesario.

Del delito continuado de fraude a la administración, el Ministerio Público considera autores a Cacharro y Romay, siendo Cacicedo cooperador necesario.

Alternativamente al segundo delito, la Fiscalía señala a José Manuel Romay autor de un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionario, siendo Cacicedo y Cacharro cooperadores necesarios.

Según el relato fiscal, el acusado José Manuel Romay López "ideó la constitución" de la sociedad mercantil Senén Prieto Ingeniería S.L. "con el propósito de obtener un beneficio económico derivado de la externalización de trabajos de ingeniería de redacción de proyectos y de dirección de obras que ejecutaba el citado ente local", para "la adjudicación de esos trabajos a técnicos relacionados con la mercantil en connivencia con el órgano de contratación".

Añade que el entonces presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro, "era perfecto sabedor de las relaciones entre José Manuel Romay López y la mercantil Senén Prieto S.L.". "Para ello redactó, en fecha 15 de junio de 1983, meses antes de la constitución de la sociedad, un escrito que dirigió al presidente en el que ponía de manifiesto la insuficiencia de medios personales en el Servicio de Vías y Obras para afrontar tales trabajos", señala en relación a Romay López.

En su relato, la Fiscalía indica que la Diputación Provincial de Lugo adjudicó durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2006 un total de 102 contratos de consultoría y asistencia para redacción de proyectos de obras y de asistencia técnica para la supervisión y control de ejecución de obras, siendo en todos ellos adjudicatario el también acusado José Enrique Cacicedo, ingeniero de caminos, quien trabajaba para la mercantil desde el 1 de octubre de 1987.

"Con el fin de lograr burlar la legislación sobre incompatibilidades y obtener la adjudicación de los contratos, en fraude para la Diputación de Lugo, José Manuel Romay procedió a la transmisión aparente de sus participaciones sociales a su esposa, que carecía de formación específica relacionada con el objeto social mercantil", relata el Ministerio Público.

La segunda parte del fraude, según sostiene la Fiscalía, "consistió en que José Enrique Cacicedo fuese quien optase a los distintos contratos licitados por la Diputación de Lugo de consultoría y asistencia para redacción de proyectos de obras y de asistencia técnica para la supervisión y control de ejecución de obras en nombre propio, cuando el citado acusado carecía de medios humanos y materiales para asumir tales contratos por su mismo".

"PERFECTO CONOCIMIENTO"

La Fiscalía considera, asimismo, que Francisco Cacharro, en tanto era presidente de la Diputación de Lugo desde el año 1983, fecha en que se constituyó la mercantil Senén Prieto S.L., "tenía perfecto conocimiento de la relación entre José Manuel Romay y la mercantil".

En este sentido, precisa en el escrito que Francisco Cacharro era "perfecto conocedor" de la "incompatible relación de su jefe de Vías y Obras con la mercantil Senén Prieto S.L." y "de la maniobra fraudulenta urdida por José Manuel Romay para lograr beneficiarse de los dividendos que generaba la contratación pública a través de la mercantil que dirigía y de cuyos fondos disponía".

Añade que las adjudicaciones fueron efectuadas por los cauces del proceso negociado sin publicidad, que fue "escogido por Francisco Cacharro para dotar de una apariencia de legalidad a las adjudicaciones, simulando la existencia de libre concurrencia a la contratación con la Administración cuando, en realidad, el acusado y presidente de la Diputación era quien decidía a quien invitar y decidía a quien contratar, dictando los decretos correspondientes y asegurándose el resultado mediante la presencia del también acusado José Manuel Romay".

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