Jueces para la Democracia propone instaurar una policía judicial que dependa orgánica y funcionalmente de los jueces
MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
Dirigentes de Podemos y representantes de Jueces para la Democracia (JpD) han mantenido una reunión durante la cual han coincidido en rechazar las tasas judiciales, la última reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana o "ley mordaza" y la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Según ha informado Podemos este viernes, en el encuentro han participado su secretario general, Pablo Iglesias, y los consejeros Rafael Mayoral e Irene Montero, y por parte de la asociación, su portavoz, Joaquim Bosch, y los magistrados miembros del secretariado Begoña López y Javier Martínez. Todos ellos han expresado su "preocupación por el estado de la Justicia", que entienden como "un servicio público y gratuito al servicio de la ciudadanía".
Tanto Podemos como JpD han expresado su oposición a los "recortes" llevados a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy en el ámbito de la Justicia, puesto que consideran que debería ser un "derecho gratuito", y han reclamado la derogación de la ley que estableció las tasas judiciales.
CASOS DE CORRUPCIÓN
Asimismo, han criticado la Ley de Seguridad Ciudadana y la última modificación del Código Penal, especialmente la introducción de la prisión permanente revisable, así como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sobre esta última, han señalado que el anteproyecto inicial permite la intervención de las comunicaciones por parte del Ministerio del Interior y la reducción de los plazos en la fase de instrucción, lo cual, a su juicio, "facilita la impunidad de los investigados en los casos de corrupción".
Por otro lado, Jueces para la Democracia ha advertido de que hay una falta de medios en los juzgados que se está traduciendo en una "merma grave" en la capacidad de investigar los casos de corrupción. Por ello, ha defendido la importancia de que la Justicia cuente con medios "totalmente independientes del poder político" para la investigación de estos casos y ha abogado por instaurar una policía judicial que dependa orgánica y funcionalmente de los jueces, "para evitar así las intromisiones del poder político".
