MURCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un amigo personal del juez de familia Fernando Ferrín Calamita, autodenominado portavoz del magistrado, aseguró hoy que el juez "no se irá de Murcia y luchará con todas las armas legales a su alcance". Incluso, advirtió, "si es necesario llegará al Tribunal Constitucional y, por qué no, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
Calamita fue hoy condenado por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia a la pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación para empleo o cargo público y la indemnización de 6.000 euros a la demandante por retardo "malicioso" a la adopción de una menor que había sido solicitada por la compañera sentimental de la madre biológica.
Este amigo personal, que dijo llamarse Andrés Bernal, procedió a la lectura de un texto que el propio Calamita había escrito, y excusó su ausencia argumentando que ello obedece a "la protesta por la filtración de la misma en Murcia" en los días anteriores a su lectura pública, "siguiendo el ejemplo de ocasiones anteriores".
Al hilo, este portavoz de Calamita dejó claro que el magistrado luchará "para que la injusticia que se acaba de cometer se rectifique por el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, especialistas en el orden penal".
En palabras de Calamita, el portavoz subrayó que "hoy es un día triste para el Estado de Derecho y para los miles de personas que me apoyan", al tiempo que, a juicio de este juez, "no existe libertad religiosa en España, porque un magistrado es perseguido, acosado, apartado de un caso y condenado por las creencias que profesa".
"PROCESO INQUISITORIAL"
"La politización de la justicia, por ende, es evidente por más que algunos políticos la nieguen, no habiendo diversión de poderes ni un verdadero poder judicial", expone este manifiesto que, al mismo tiempo, señala que "la llamada Administración de Justicia española no es sino un apéndice del Ejecutivo, cuyo jefe concentra los tres poderes".
Y es que, según iba leyendo el propio Bernal en este manifiesto, "se me ha hecho víctima el juez de un proceso inquisitorial, alegando que mis actuaciones son guiadas por principios religiosos, lo cual tengo que desmentir, ya que mi formación e integridad han sido adquiridas por la misma vía que todos nosotros hemos adquirido las nuestras por el hecho de ser cristianos".
Este portavoz comentó que Calamita "interpretó la ley de acuerdo con su código deontológico e integridad personal, y esto se asemeja a un juicio meramente político".
Por ello, consideró que "se ha conseguido lo que desde un principio se buscaba, que perdiera el destino y que se fuera de Murcia; además de que la sentencia priva de la misma condición de magistrado suponiendo la expulsión de la carrera judicial si la sentencia es, como ha sido, finalmente confirmada, aunque cabe recurso".
Todo responde, según esta carta que leyó el portavoz, "por el simple hecho de la religión que profesa y de la que se enorgullece"; por lo que deduce que "ha sido un proceso, en única instancia, plagado de irregularidades, porque se le enviaron emisarios, se le chantajeó y exigió dinero y se le puso como condición para que no hubiera juicio el que se fuera de Murcia, pero ni pagó, ni aceptó marcharse, por lo que hubo juicio y condena".
Este amigo personal dejó claro que el magistrado "tiene la conciencia muy tranquila y sólo buscó el interés de la menor"; razón por la que dijo no comprender "por qué ha habido juicio si el propósito ya se consiguió".
Justifica también que al ser un caso "novedoso", el magistrado decidió "recabar informes que le fueron negados por motivos difícilmente explicables para un juez que siempre actuó sujeto al imperio de la ley y no ha antepuesto sus creencias".
"Más bien los que han antepuesto sus convicciones personales desobedeciendo órdenes de superiores fueron los integrantes por el Gabinete Psicológico y los psicólogos de la Dirección General de Familia", por lo que, apuntó, "asuma cada cual sus responsabilidades".
