La ley se debate este martes en el Pleno del Congreso, donde socialistas e Izquierda Plural piden su retirada
MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Justicia del PSOE, Julio Villarrubia, considera que el proyecto de ley de reforma del Código Penal en materia de fraude fiscal, desgajado de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, consagra un "derecho penal para ricos" en el que los grandes defraudadores "de guante blanco" salen beneficiados mientras se "criminalizan" las infracciones de trabajadores o pensionistas, lo que supone una ruptura del derecho de igualdad recurrible ante el Tribunal Constitucional.
Este proyecto de ley será debatido este martes en el Pleno del Congreso, donde tanto el PSOE como Izquierda Plural han pedido su devolución al Gobierno mediante enmiendas a la totalidad.
En declaraciones en el Congreso, Villarrubia ha explicado que, bajo la "pomposa" definición de 'Transparencia, Buen Gobierno y lucha contra el Fraude', se esconde un proyecto de ley "injusto" que constituye un "grave atropello sin precedentes" que sirve de cobertura legal para la "amnistía fiscal" lanzada desde el Ministerio de Hacienda.
VENTAJAS PARA EL QUE TIENE DINERO Y PAGA
Según ha explicado, la reforma permite rebajar la pena en uno o dos grados, o incluso eximir de delito, al defraudador que salde cuentas con Hacienda o la Seguridad Social, mientras que las infracciones de un trabajador o incluso de un pensionistas, aunque sean de un importe de un euro y ya estén sancionadas por la vía social, pasan a ser delito penal.
"Esto es de una gravedad sin precedentes --ha denunciado--. Es un derecho penal para millonarios según el cual, el que tiene dinero y paga puede ver rebajada su condena, incluso cuando ya hubieran sido imputado".
Aunque es pronto para recurrir ya que el proyecto inicia ahora su tramitación parlamentaria, el diputado socialista opina que, si la redacción no se modifica, el PSOE puede acabar llevando el texto al TC. "Mi opinión es que roza la inconstitucionalidad ya que atenta contra el principio de igualdad y presenta una terrible desproporción de las penas", sostiene.
EJERCICIO DE HIPOCRESÍA
Por su parte, IU-ICV-CHA afirma en su enmienda de totalidad, recogida por Europa Press, que aunque comparte "parcialmente" los objetivos del Gobierno, la reforma supone "un giro de 180 grados en la posición del PP" en la última reforma del Código Penal y también contradice a la propia acción de un Gobierno que ha aprobado una amnistía fiscal y ha "recortado derechos laborales y económicos" con diferentes decisiones.
"Podría calificarse esta reforma como un ejercicio de hipocresía política que parece tener como objetivo camuflar los duros ajustes y recortes de derechos", añade la Izquierda Plural, que cree que la reforma es "oportunista, parcial e inconexa" y reclama una visión global de la respuesta punitiva y penitenciaria que se da a los distintos comportamientos fraudulentos en lugar de tres proyectos de ley que fraccionan estas acciones.
También reprocha al Ejecutivo que lleve a cabo "una política criminal guiada por el denominado 'populismo punitivo'" y cree "imprescindible cambiar la orientación de política" para que la respuesta penal no sea "la primera solución para todo".
Y es que, según recuerda, actuar de esta manera hace caer al Gobierno en "contradicciones" como, por ejemplo, que agrave las penas para el fraude a Hacienda mientras aprueba una 'amnistía fiscal', que indulte a condenados por evasión fiscal o que desmantele unidades de investigación de Corrupción de la Agencia Tributaria. "Esto demuestra que el Gobierno no tiene una voluntad política auténtica y firme de perseguir el fraude", concluye.
REFORMA PROPAGANDÍSTICA
Así, la finalidad de esta reforma es, según IU-ICV, "propagandística y electoralista", y sirve de "cortina de humo" al Gobierno para "esconder el gravísimo impacto que está causando en los ciudadanos el mayor recorte de derechos de la Democracia".
Finalmente, la coalición alerta de fallos concretos en el texto normativo, como que "se agrave el delito fiscal elevando las cuantías" a partir de las cuales se comete dicho delito, o que no se equiparen las penas de prisión y multa a los tipos y tipos agravados de los delitos contra la Hacienda pública, contra la Seguridad Social y contra las subvenciones, desgravaciones o ayudas de las administraciones públicas.
En la misma línea, la Izquierda Plural avisa de que hay "dos obstáculos que pueden dejar la reforma en una mera declaración de intenciones sin aplicación real": que la cuantificación de lo defraudado se remita a las normas tributarias cuando "es habitual que, tras la controversia judicial, la cuantía probada se reduzca", por lo que podrían darse casos en que tras la fase judicial se concluya que el delito ha prescrito; y las dificultades para detectar los expedientes de delito fiscal si no se extiende la prescripción administrativa hasta los diez años.
