MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó un total de 60 informes durante el pasado ejercicio, la mitad de los cuales (un 51,66%) fueron sobre la fiscalización del sector público de los dos últimos ejercicios (2014 y 2015). Esta cifra supone un incremento de un 12,96% respecto al porcentaje de informes aprobados en 2015 sobre la gestión pública de los años 2013 y 2014, que fue de un 38,70% del total.
En un comunicado, el organismo explica que el avance registrado en la reducción de plazos es resultado del proyecto global de mejora de procedimientos que el Tribunal viene acometiendo, fundamentalmente desde la innovación tecnológica, para impulsar la eficacia y eficiencia de la actividad fiscalizadora sobre el sector público.
SU PRIORIDAD: LAS PRÁCTICAS QUE PROPICIAN LA CORRUPCIÓN
Entre los informes aprobados el pasado ejercicio se encuentra la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2014, una de sus actividades fiscalizadoras más relevantes, y del resto de fiscalizaciones el Tribunal ha priorizado el análisis de aquellas prácticas que puedan propiciar el fraude y la corrupción.
Por ello, se ha centrado en asuntos relacionados con significativos volúmenes de ingresos y gastos públicos, así como sobre las áreas que puedan ser susceptibles de un mayor riesgo en la gestión económico-financiera del sector público.
Entre éstas se encuentran las relativas a la contratación, encomiendas de gestión, subvenciones, retribuciones e indemnizaciones recibidas por ceses de altos cargos o medidas económicas en distintos ámbitos del sector público. Tal es el caso de informe de fiscalización sobre el proceso de reestructuración bancaria, aprobado por el Pleno el pasado 22 de diciembre.
En el ámbito empresarial, por su parte, algunas de las fiscalizaciones aprobadas durante 2016 se han orientado al análisis de distintas operaciones, como las derivadas del otorgamiento de avales y garantías, o de las actividades relacionadas con las infraestructuras de transporte, entre ellas, las correspondientes al tranvía de Parla o a la ampliación del Puerto de Gijón.
Asimismo, el Tribunal ha acometido la fiscalización de las actuaciones desarrolladas por las comunidades y ciudades autónomas, en relación con los planes económico-financieros, de reequilibrio y de ajuste de las citadas encomiendas de gestión, y la gestión del plan de pago a proveedores.
Respecto al sector local, además del tranvía de Parla, el Tribunal fiscalizó el cumplimiento de los planes de corrección de los desequilibrios financieros y de la gestión recaudatoria en ayuntamientos de municipios con más de 100.000 habitantes de comunidades autónomas sin órgano de control externo.
CITAS ELECTORALES DE 2015
En cuanto a partidos políticos, en 2016 se aprobaron diversos informes de fiscalización sobre las contabilidades de los comicios electorales celebrados en 2015, las autonómicas y locales de mayo y las generales de diciembre.
En este punto, el Tribunal recuerda que, durante el pasado ejercicio, puso a disposición de los partidos un sistema para la presentación telemática de sus contabilidades electorales, un método que no sólo simplifica el tratamiento de la información a analizar, sino que puede realizar, en menor tiempo, un mayor número de comprobaciones.
Para ello, el organismo realizó, durante los últimos meses de 2015, una labor de información a todas las formaciones, con el fin de que éstas pudieran trabajar sobre él internamente y poder así presentar sus contabilidades dentro del plazo legalmente establecido.
ACTIVIDAD INTERNACIONAL
Además de las actuaciones concretas y de carácter extraordinario sobre la gestión nacional e internacional de programas especiales de armamento y material para las fuerzas armadas, el Tribunal de Cuentas mantiene relaciones con diversas organizaciones internacionales que pertenecen a sectores tan diversos como el de la Sanidad o la Defensa.
Durante 2016, el Tribunal de Cuentas presentó los resultados de su última auditoría realizada sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio de 2015 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y asumió el pasado mayo el mandato de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) para auditar sus estados financieros, durante el trienio 2016-2019.
