SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los servicios de Consumo de la Junta de Andalucía realizarán hasta el próximo mes de junio una campaña para comprobar la veracidad y legalidad de las páginas web que se dedican a la venta electrónica de bienes y servicios. El objetivo es evitar actividades contrarias a la norma y la comisión de infracciones en las ventas de comercio electrónico, que han experimentado un considerable incremento en los últimos años.
La campaña comprende la realización de 235 inspecciones distribuidas entre las distintas provincias, en las que se analizarán páginas web en castellano que se dediquen a la venta o comercialización de bienes o servicios a personas consumidoras radicadas en territorio andaluz. Serán objetivo de las inspecciones aquellas páginas web destinadas a promover relaciones interpersonales, ventas de productos de hogar, electrónica, viajes, reserva de alojamientos, clínicas estéticas, contratación de software y hardware, agencias matrimoniales, transporte marítimo, ropa y complementos, alimentación y otras.
Además de la identificación legal de los responsables y la actividad, se comprueba la información que se facilita a través de Internet a las personas consumidoras.
En el caso de que se detecten páginas web que ofrezcan productos prohibidos, como medicamentos, por ejemplo, o servicios delictivos como la pornografía infantil, se trasladarán las actuaciones al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan.
Dado el creciente aumento del comercio electrónico, la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales ha puesto en marcha en su web un microespacio con información y recomendaciones que deben tenerse en cuenta ante la compra de productos o servicios a través de internet.
La información puede consultarse a través de la plataforma multicanal de Consumo Responde y a través de las redes sociales, en concreto http://www.youtube.com/watch?v=PSRqY5RZPgg&feature=youtu.be, que incluye consejos sobre el comercio electrónico prestando especial atención a los datos que deben aparecer en la página web donde se vaya a realizar la compra del producto o servicio.
ASESORAMIENTO A CONSUMIDORES
Además, se asesora a las personas consumidoras sobre la forma de pago y sus posibles incidencias cuando no aparece el precio del artículo o servicio. En este sentido, desde Consumo se advierte que está terminantemente prohibido que suministren a la persona consumidora un producto sin dar su consentimiento expreso.
Igualmente, el microespacio contiene información relacionada con los métodos de reclamación y devolución, indicando que cualquier persona usuaria puede dejar sin efecto el contrato, una vez realizada la compra y sin justificar motivo alguno, ejerciendo el derecho de desistimiento en un plazo de 7 días.
De esta forma, Consumo Responde pone al servicio de la ciudadanía un amplio catálogo de recomendaciones y derechos existentes en relación al comercio electrónico.
En la campaña de 2012, los servicios de Consumo de la Junta han realizado 256 actuaciones y han inspeccionado 234 páginas web con un resultado de 209 actas positivas (81,6 por ciento), es decir, que contienen alguna irregularidad.
En este sentido, en un 13,1 por ciento no se exhibe el C.I.F. o N.I.F. del responsable y en un 33,7 por ciento de las páginas examinadas no constan los datos de inscripción en ningún registro público; un 54,8 por ciento no informa a las personas consumidoras del idioma o idiomas para la contratación, y un 62,1 por ciento contiene cláusulas en las condiciones generales de contratación que pueden considerarse abusivas. Además, en un 8,3 por ciento de los casos, la web inspeccionada no contiene las condiciones generales de contratación.
De acuerdo con la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, estas infracciones, en general, son consideradas como leves y conllevan multas de 200 a 5.000 euros, si bien algunas, como la introducción de cláusulas abusivas, son graves, y se podría imponer una multa de 5.001 a 30.000 euros.
Por otra parte, en el marco de esta campaña se han examinado 735 productos que ofertan las páginas Web y se ha comprobado que el 36,6 por ciento no indica el derecho de desistimiento, o se imponen limitaciones o penalizaciones en su ejercicio. Además, en un porcentaje menor, entre un 0,1 por ciento y un 4,8 por ciento, no muestran el precio de los productos, no indican el plazo de validez de la oferta y el precio, ni la forma de pago, además de no incluir en el precio los gastos de entrega y de transporte, entre otras informaciones obligatorias.
Con motivo de la campaña de control de 2012, hasta el 31 de enero último se han incoado 50 expedientes sancionadores por un importe global de 184.059 euros, con una sanción media de 3.681,2 euros.
