MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Fomento del Congreso ha aprobado este miércoles con competencia legislativa plena el proyecto de ley de Fomento del Alquiler tras incorporar las enmiendas del PP así como siete propuestas de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y el PNV, y otras tantas enmiendas transaccionales.
Aunque los cambios de la oposición no suponen modificaciones de gran calado, sí reconocen por ejemplo de forma expresa las competencias de las comunidades autónomas en las atribuciones del uso de una vivienda en caso de separación o divorcio, o explicitan que las obras que se acometan no podrán afectar a la seguridad del inmueble.
Además, también se reconoce el derecho de los inquilinos con discapacidad o mayores de 60 años --o que convivan de forma habitual con personas en esas circunstancias-- a realizar obras de acondicionamiento previa notificación escrita al propietario, quedando obligados no obstante a reponer la vivienda a su estado anterior sí así lo exige el arrendador.
CREACIÓN DEL REGISTRO DE MOROSOS
El resto de modificaciones aceptadas o acordadas afectan fundamentalmente a aspectos técnicos relativos a las notificaciones edictales, las competencias para dictar resoluciones de desahucio si no hay oposición del afectado o la transmisión de información a la Administración, entre otros asuntos.
Asimismo, quedan incorporadas las enmiendas 'populares', que entre otras cosas suponen la creación de un registro de morosos de alquiler, la obligación de informar al inquilino si se intenta vender el piso o la posibilidad de disponer de la vivienda si se necesita para uso propio o de un familiar con dos meses de preaviso.
El dictamen, que ha sido aprobado por la Comisión con 24 votos a favor (entre ellos los del PP), quince en contra (entre ellos los del PSOE) y tres abstenciones (de CiU y PNV), será reenviada ahora al Senado para su tramitación antes de su entrada en vigor.
SATISFACCIÓN CON LA NEGOCIACIÓN
El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha expresado su "satisfacción" por la negociación, que ha dado lugar a una norma "mejor" que la actual. "Por una vez hemos llegado a tiempo para proponer una reforma sobre un tema que debe ser una alternativa a la compra de vivienda", ha añadido.
El portavoz de Fomento de CiU, Pere Macias, también ha expresado su "satisfacción" con el texto, aunque ha criticado el "terrible resultado" que tendrá la reducción del tiempo obligatorio de vigencia del contrato, que "deprimirá aún más la actividad económica" del sector de la rehabilitación porque, al reducirse el plazo de estancia en el piso, "a nadie se le va a ocurrir gastar un euro en las reformas". "A lo mejor podemos arreglarlo en el Senado", ha ofrecido, justificando su abstención en estas discrepancias.
"En un momento en que las calles están llenas de ciudadanos que piden que se equilibren ciertos negocios jurídicos, no sé si se va a entender muy bien", ha advertido, en relación con la "inseguridad jurídica" en que queda el inquilino. Por ello, ha planteado al PP que dé "algún margen" para poder introducir cambios en el Senado que "equilibre" las condiciones de ambas partes.
Isabel Sánchez Robles, del PNV, ha justificado su abstención en que la exigencia de la inscripción registral "penaliza la posición del arrendatario y contraviene de la flexibilización del mercado" que pretende el proyecto de ley, además de manifestar su preocupación con las consecuencias sociales que puedan tener las nuevas previsiones para los desahucios por impago del alquiler.
PSOE: "ESTA LEY TIENE MUCHO QUE MEJORAR"
Por su parte, la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, ha afirmado que "esta ley tiene mucho que mejorar" y ha lamentado la ocasión perdida para abordar asuntos como el alquiler social, la creación de un parque público de alquiler o el problema del acoso inmobiliario.
Tras rechazar la premisa en la que se basa el proyecto de que "el alquiler se usa poco porque la oferta es escasa", la diputada ha recordado que "la política de vivienda durante décadas ha estado orientada a la compra" y ha pronosticado que "en un futuro inmediato se incrementará el alquiler pero no por esta norma, sino por la dificultad para acceder al crédito y la inestabilidad del mercado laboral".
En ese panorama, los futuros inquilinos serán víctimas de un sistema "profundamente desequilibrado" que "beneficia a los pocos que tienen mucho y perjudica a los muchos que cuentan con poco". "Al inquilino sólo se le ofrecen ventajas tramposas. Para muchas familias será lentejas", ha dicho, criticando particularmente que con los "desahucios hiperexprés" que propicia esta norma se perjudicará a los más vulnerables.
"Y encima se incorpora la creación de las listas negras de deudores. Compartimos el objetivo de garantizar al arrendador el cobro de la renta y la conservación de las condiciones de la vivienda, pero no deben ser el conjunto de arrendatarios los que sufran estas consecuencias, sin señalar siquiera (en el registro de morosos) las causas de esa insolvencia. No hay pudor en señalar al que no paga el alquiler, impidiéndole el acceso a un techo, pero no podemos conocer los nombres de los beneficiarios de la 'amnistía fiscal'", ha lamentado Iglesias.
Finalmente, ha criticado tanto la decisión del Gobierno de legislar sin tener estadísticas sobre viviendas vacías o desahucios, y también que se haya "burlado al Parlamento sacando a mitad del recorrido la regulación sobre las Socimi e impidiendo el debate sobre los vergonzantes privilegios fiscales que se les concede sin obligarles a practicar ni un solo alquiler".
IU-ICV: FAVORECE A INTERESES FINANCIEROS
Por su parte, la portavoz de Fomento de IU-ICV, Ascensión de las Heras, ha rechazado este texto porque "lejos de servir para acabar con el problema acuciante del acceso a la vivienda" se "favorece únicamente los intereses del sector financiero e inmobiliario con incentivos y ventajas legislativas o fiscales".
"Esta ley pretende fomentar el alquiler bajo la premisa de que el mercado es encorsetado y disfuncional, que no hay seguridad jurídica suficiente para el propietario, pero no pueden solucionar esa disfuncionalidad precarizando aún más la situación del inquilino", ha dicho, rechazando particularmente el "desahucio super-mega-exprés" y el registro de morosos que "no considera las circunstancias sobrevenidas de quienes no pueden pagar la renta".
La diputada del BNG Rosana Pérez ha argumentado su voto en contra en que el texto "no garantiza los derechos de los arrendatarios" en asuntos como la vigencia obligatoria de los contratos o la sustitución del IPC para la actualización del precio del alquiler. "La propuesta de ley favorece desmesuradamente a los arrendadores, sobre todo a las empresas", ha añadido, pidiendo que "no se puedan producir desahucios fulminantes" y que los jueces estén facultados para valorar las condiciones económicas y sociales de quien no paga antes de decidir medidas.
PP: HAY QUE ELIMINAR BARRERAS
Finalmente, el portavoz 'popular' en este proyecto, Teodoro García Egea, ha defendido que "para mejorar el acceso a la vivienda en alquiler hay que abolir toda barrera artificial que dificulte las leyes de mercado" y el Estado "tiene que limitarse a mantener el orden y hacer cumplir los contratos libremente firmados por las partes".
"Esta ley dará libertad a los ciudadanos para tener una oferta de alquiler y de compra equilibrada y suficiente, y que sean ellos los que decidan cómo vivir sin barreras ni impedimentos. Esta ley rompe con el intervencionismo del Estado, planteamiento del siglo pasado, y permite más libertad a las partes. Esta ley no trata de enfrentar a inquilino y propietario, sino de dar seguridad para que se entiendan mejor. Y una mayor seguridad se verá correspondida con un mayor volumen de oferta y de demanda", ha zanjado.
