MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso ha aprobado, con los únicos votos en contra de ERC y PDeCAT, el proyecto de ley de Resolución Alternativa de Litigios en materia de Consumo que permitirá a los consumidores residentes en la UE resolver litigios con empresarios establecidos en cualquier Estado miembro.
Este texto, que tras este trámite será enviado al Senado para su aprobación ya que se rechazó en su día su avocación a Pleno, permitirá incluir en la legislación española la directiva europea en esta materia que vio la luz verde ya en mayo de 2013.
El objetivo, según explica el Gobierno en el texto, es contribuir al funcionamiento del mercado interior al garantizar que en el ámbito de la Unión Europea se pueda acceder a mecanismos extrajudiciales de litigios en materia de consumo "independientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos".
Además, añade que con esta norma se facilita a los consumidores que los posibles problemas derivados de sus contratos con los empresarios puedan encontrar una solución sin tener que recurrir a la vía judicial. Precisa además que los procedimientos de resolución, cuyo resultado podrá ser vinculante o no, serán además de gratuitos o de coste simbólico, transparentes, sencillos, rápidos, y justos, garantizándose su imparcialidad.
LITIGIOS CON COMPAÑÍAS AÉREAS
La norma fija también los requisitos que deben reunir las entidades encargadas de gestionar la resolución alternativa para que, si así lo solicitan, puedan ser acreditadas e incluidas en el listado nacional que elabore la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), que a su vez lo notificará a la Comisión Europea para su inclusión en un listado único europeo.
Este proyecto de ley incluye, tras añadir una enmienda socialista, un apartado específico para las reclamaciones de usuarios de líneas aéreas, uno de los sectores que más problemas presenta. En concreto, la normativa recoge la creación de una entidad específica, que será la única acreditada sobre esta materia, y comunicada a la Comisión Europea.
