MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
El dictamen del Consejo Económico y Social de España (CES) sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que abre la puerta a la entrada de capital privado en la gestión de las televisiones autonómicas y en sus servicios informativos, pide a las Cortes que aclaren si "esta normativa sería de aplicación" a RTVE y muestra su preocupación por los efectos que puede tener la norma en los empleos de las televisiones autonómicas.
La anteproyecto de reforma de la Ley, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 13 de enero, permite a las comunidades autónomas elegir qué modelo prefieren para gestionar sus televisiones públicas --si uno público, privado o mixto--, abre la puerta a la externalización de sus informativos y elimina la obligatoriedad de que la mayoría de la programación de las públicas sea de producción propia.
No obstante, pese a que el Gobierno indicó en su momento que el objetivo de la reforma era conseguir que las televisiones públicas autonómicas fueran "más eficaces y más eficientes", el dictamen, aprobado por el pleno del CES, recuerda que la Ley General de Comunicación Audiovisual es "una ley de bases" del sector audiovisual, por lo que pide al "legislador" que "aclare si esta normativa sería de aplicación a la radiotelevisión pública de titularidad del Estado".
Además, el CES muestra su "preocupación por la incidencia que una modificación de esta naturaleza pudiera tener sobre quienes desarrollan su trabajo en los distintos operadores públicos potencialmente afectados", como son los trabajadores de las televisiones públicas autonómicas, aún reconociendo que "los efectos de la modificación propuesta sólo se producirán cuando las Comunidades Autónomas hayan decidido adoptar las fórmulas de colaboración previstas en el anteproyecto".
Por otro lado, el CES lamenta que, a pesar de que el objetivo del anteproyecto es "contribuir a la consolidación presupuestaria y al saneamiento de las cuentas públicas", el Gobierno no haya incorporado en la memoria del proyecto alguna estimación del ahorro público que se pretende conseguir permitiendo la entrada de capital privado para poder valorar "el alcance económico" de la medida.
En cualquier caso, el órgano pide que se garantice "la libre competencia y la participación de los distintos operadores del sector en las nuevas modalidades de gestión que prevé el anteproyecto para evitar la concentración y asegurar la pluralidad de estos servicios". Asimismo, recomienda evaluar los mecanismos de control de gasto previstos en la Ley General para las televisiones autonómicas, y, "de resultar necesario tras dicha evaluación, proponer medidas para mejorarlos".
ASEGURAR MEDIANTE UN PROTOCOLO EL SERVICIO PÚBLICO
Además, el CES señala que, al permitir la entrada a productoras privadas que gestionen canales públicos y darse, por tanto, la posibilidad de "disociar" la figura del titular y el prestador del servicio público, que actualmente es el mismo, "se abre la duda" de si, estas empresas privadas estarán obligadas, como lo están ahora los responsables de las cadenas públicas, a guiarse por criterios editoriales que reflejen el "pluralismo político y social de su ámbito de cobertura".
Para garantizar esto, el CES considera que se podría articular algún tipo de medida, tal como "la firma obligatoria de un protocolo que tendría carácter público entre la entidad concesionaria del servicio y la administración titular del mismo en el que se pudieran especificar los compromisos adquiridos por la primera para asegurar el respeto de la misión de servicio público".
En general, el dictamen recoge la importancia de, "en estos momentos de crisis, activar instrumentos que contribuyan al uso eficiente de los recursos públicos a la vez que se preserva la calidad y utilidad pública de los servicios".
En el texto del anteproyecto, al que ha tenido acceso Europa Press, se eliminan los párrafos de la Ley General de Comunicación Audiovisual en los que se obligaba a los entes públicos a impulsar la producción propia de su programación "de forma que ésta abarque la mayoría de los programas difundidos en las cadenas generalistas".
Asimismo, se retira de la ley el párrafo en el que se prohibía explícitamente a los entes "ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos y de aquellos que expresamente determinen los mandatos marco que para cada ente se aprueben en desarrollo del marco competencial correspondiente".
En ambos casos, la Ley Audiovisual se refiere al conjunto de los entes públicos, incluidos RTVE, por lo que su eliminación de la norma teóricamente podría afectar también a TVE, aunque el funcionamiento de la cadena pública estatal está regulado por un conjunto de leyes, entre ellas la Ley de Radio y la Televisión de Titularidad Estatal y la Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, que aseguran su gestión pública, y que no han sido modificadas.
Por otro lado, tal y como informó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, el anteproyecto incorpora a la ley un nuevo párrafo en el que se afirma que "las comunidades autónomas determinarán los modos de gestión del servicio público de comunicación audiovisual, que puede consistir, entre otras modalidades, en la gestión directa, en la gestión indirecta o en diferentes instrumentos de colaboración público-privada".
En la exposición de motivos, el Ejecutivo razona que "la situación económica y la necesidad por parte del conjunto de las administraciones públicas de acometer actuaciones que faciliten la consolidación presupuestaria y el saneamiento de las cuentas públicas, aconseja proporcionar a las comunidades autónomas una mayor flexibilidad en la gestión de su servicio público de comunicación audiovisual".
En este sentido, justifica la eliminación de "determinadas limitaciones existentes" en la Ley Audiovisual relacionadas con "la cesión a terceros de las funciones de la producción y edición de determinados programas", así como la introducción de una "mayor flexibilidad" en la naturaleza de los entes públicos que presten el servicio público de comunicación audiovisual.
Así, con las modificaciones introducidas en la Ley audiovisual las comunidades autónomas dispondrán de distintas alternativas para elegir el modelo de gestión de sus televisiones públicas, ya sea la gestión directa, "una gestión indirecta a través de una persona privada" o "diferentes instrumentos de colaboración público-privadas", aunque la ley no detalla en qué consistirán estos instrumentos.
