VALENCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Consell Valencià de Cultura (CVC), reunido este lunes en sesión ordinaria en el Ayuntamiento de Albaida (Valencia), ha aprobado un informe sobre los posibles límites a la investigación de la genética en el que señala que en el campo de la manipulación genética y la posible creación de vida "es evidente que se pueden derivar un buen número de beneficios que ahora a penas sospechamos" aunque reconoce que, "hay también, como es obvio, riesgos innegables".
Estos peligros exigen "la actuación supervisora de los organismos públicos sobre estas investigaciones". Esta supervisión pública "se debería hacer en el marco general de una libertad de investigación convenientemente regulada por ley frente de los poderes públicos", argumenta la institución consultiva.
En este estudio, que se inició tras la visita del científico estadounidense Craig Venter al CVC en 2010, el órgano considera que la biología sintética es un "campo reciente de investigación que plantea a la sociedad nuevos interrogantes éticos y políticos, dado que actualmente se pueden diseñar y sintetizar partes de microorganismos con funciones no existentes en la naturaleza".
En este sentido, señala que "el derecho a investigar, como todos los derechos, tiene sus límites y está sometido a la Estado de Derecho y a la tutela de los tribunales de justicia" y añade que "el límite fundamental debe ser la capacidad de hacerlo compatible con el resto de derechos fundamentales, puesto que podrían producirse conflictos entre uno y otros".
Otro peligro, advierte el CVC, "viene del posible uso terrorista de las técnicas utilizadas o de los resultados obtenidos". "Entendemos que, contra la materialización de este grave escenario, hace falta expresar el deseo de la construcción en cualquier parte del mundo de democracias de calidad, lo que implica, más allá de cualquier formalismo, la existencia efectiva en cada caso de una ciudadanía informada y responsable, y un grado de gobernabilidad mundial muy por encima del que tenemos hoy, una perspectiva necesaria en la que la ONU podría y debería tener una función relevante", sostiene.
La supervisión pública, añade el texto, "debería responder a los códigos deontológicos y de buenas prácticas, elaborados por los investigadores, en lugar de destinarlos a comités morales imperativos".
Este informe se enviará al Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Educación, CSIC, a la Conselleria de Cultura y a la de Educación, así como a las universidades valencianas y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
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