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MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Justicia niega que se hayan producido irregularidades en el Plan Intensivo de concesión de Nacionalidad española por el que se autorizó a los registradores de la Propiedad a hacerse cargo de esta cuestión para agilizar un atraso de más de 400.000 expedientes que estaban pendientes de resolución al inicio de la legislatura, y defiende que sólo un 17,2% fueron rechazadas por falta de integración.
Así lo expone en una respuesta parlamentaria por escrito al diputado de ICV Joan Coscubiela, que se había interesado por esta cuestión después de que la Federación Estatal de SOS Racismo denunciase denegaciones indiscriminadas a personas que cumplían todos los requisitos. La más sonada, fue la de una niña de tres años a quien la Administración contestó que no había acreditado buena conducta cívica.
"Aquí hay dos problemas, por un lado que el Gobierno en vez de conseguir que el Registro Civil funcione de una vez, ha ido a solucionar la cuestión con los registradores de la propiedad causando un doble gasto a la Administración. Por otro, que los criterios que se están aplicando para las denegaciones son fruto de un cúmulo de estrategias para restringir al máximo el acceso a la nacionalidad y consisten, en pedir documentación que no se había solicitado, dilatando los procesos, y en una interpretación restrictiva de la legislación", explica Coscubiela en declaraciones a Europa Press.
El diputado se hacía eco de una denuncia de la Federación Estatal SOS Racismo, que venía llamando la atención sobre el hecho de que se estaban dando denegaciones "masivas" por motivos peregrinos, como el no haber adjuntado a la petición la copia completa del pasaporte, no siendo este un requisito de los reseñados en la información sobre las solicitudes que se da a los interesados. Sólo en Guipúzcoa la organización se ha topado con treinta de estos casos, "la punta del iceberg".
"Hemos encontrado motivos de denegación que antes no se observaban y que pueden derivarse de errores, como denegar por la no aportación de un requisito que no se había solicitado. El problema es que contra esa denegación sólo vale interponer en vía administrativa un recurso de reposición y nos estamos encontrando con que no se están resolviendo y, cuando se resuelven, se hace muy tarde", señala el presidente de SOS Racismo, Mikel Mazquiarán, en declaraciones a Europa Press.
Estos "errores" se han producido en un proceso por el que de junio de 2012 a diciembre de 2013 se digitalizaron 601.412 expedientes, 448.557 fueron tramitados por los Registros, 419.834 informados y 395.880 de estos, resueltos. Al cierre del año pasado se había concedido el 85% de los expedientes resueltos correspondientes a 2010, 2011 y 2012, mientras el 15% fueron denegados. Un total de 77.000 quedaban pendientes, conforme los datos que recoge el Informe anual del Defensor del Pueblo al respecto.
Según explica Mazquiarán, las denegaciones por motivos "absolutamente infundados" están "condenando a todas estas personas a que tras más de dos años de espera para resolución de nacionalidad, tengan como única alternativa reiniciar todo el expediente", una pérdida de tiempo y de dinero que se solucionaría con medidas como requerir la documentación que falte al solicitante en lugar de denegar directamente su petición.
En su respuesta parlamentaria, el Gobierno dice que "no comparte la opinión de SOS Racismo con relación a que se realicen denegaciones masivas dado que éstas no se están produciendo" y lo argumenta con datos: a 1 de enero de 2014 figuraban 337.096 nacionalidades concedidas frente a 52.122 denegadas, de las que un 17,8% eran por "no haberse justificado el suficiente grado de integración en la sociedad española". Frente a ellas, Justicia tenía a principios de año 13.564 recursos sobre la mesa.
La propia Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se hizo eco de la problemática en el informe anual de la Alta Institución, en el que detalla "un significativo número de quejas" sobre denegaciones tanto por la falta de documentos que no se habían exigido previamente como "por no acreditar buena conducta cívica", en este caso, aplicando "un criterio diferente al que se aplicaba por los encargados de los registros civiles".
Sobre este asunto, recomendaba a Justicia la implantación de un sistema que objetivase los criterios para medir la suficiencia de la integración en España del solicitante, sugerencia que fue aceptada por el Ejecutivo. "Actualmente, el Ministerio de Justicia está trabajando en el establecimiento de un método objetivo de comprobación del suficiente grado de integración en la sociedad española para evitar cualquier tipo de discrecionalidad", explica en la respuesta parlamentaria.
