ALMERÍA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los 13 enjuiciados por la presunta trama defraudatoria tejida en torno a la extinta promotora y constructora Obrascampo han reconocido su participación "expresa", bien directa o indirectamente, en los hechos que les atribuye en su escrito de acusación el Ministerio fiscal, no así los que les imputa la Abogacía del Estado a excepción de uno de los procesados, quien también ha admitido las imputaciones con respecto a él.
En la primera jornada de la vista oral celebrada este viernes en la Audiencia de Almería, la mayoría ha acreditado en el trámite de cuestiones previas consignaciones económicas realizadas en los últimos días para satisfacer la responsabilidad civil y en aras a que les sea reconocida la atenuante de reparación del daño en la causa penal que se sigue por delitos contra la Hacienda Pública, insolvencia punible, y blanqueo de capitales.
El fundador de Obrascampo y principal encausado, Antonio José Pérez Torres, quien se enfrenta de forma inicial a penas que suman 17 años y seis de presión, ha asumido su participación a preguntas de la fiscal, y ha asegurado que todas las operaciones fraudulentas encaminadas a despatrimonializar las sociedades del grupo a fin de sustraer los bienes a sus legítimos acreedores, fundamentalmente a la Hacienda Pública.
Así, ha hablado de "alzamientos" para "proteger" a Obrascampo de las "ejecuciones" de la AEAT, de empresas "instrumentales y de operaciones de transmisión patrimonial "simuladas" al tiempo que ha descargado de responsabilidad al otro principal acusado y administrador Israel M.M.
"El administrador de hecho y de derecho era yo siempre y siempre fue yo el que decidió hacer esas operaciones", ha dicho para referirse también a otro acusado, también administrador, R.C.R., de quien ha dicho "no tuvo participación alguna". A preguntas de su defensa, ha indicado que ha satisfecho 270.000 euros de la responsabilidad civil que se le imputa para "reparar el daño".
Israel M.M., para quien la Fiscalía pide provisionalmente 16 años de cárcel, también ha admitido los hechos y se ha referido en su declaración a "maniobras de ocultación de bienes para dejarlos fuera del alcance de la Hacienda Pública"
La Fiscalía apunta inicialmente que ambos acusados, como administradores de derecho de la sociedad, y junto a otros nombrados con posterioridad apoyados además en otras empresas de grupo, habrían tratado de enriquecerse ilícitamente a través de un plan que conllevaba la despatrimonialización de las sociedades del grupo a fin de sustraer los bienes a sus legítimos acreedores, fundamentalmente a la Hacienda Pública.
Para ello, según se desprende de la investigación judicial, los acusados habrían propiciado la ocultación de forma continuada de dichos bienes a través de un entramado societario con numerosas sociedades interpuestas, para así dificultar la identificación del verdadero titular y gestor de Obrascampo con sucesivos nombramientos de administradores.
La sociedad, que junto a otra entidad investigada del mismo grupo debía a Hacienda en diciembre de 2015 unos 15 millones de euros, ejecutó, según la acusación pública, su vaciamiento patrimonial entre 2009 y 2013 mediante una serie de operaciones de daciones de pago y ejecuciones hipotecarias, de modo que renunciando a la exención del IVA, se obtuvieron importantes cantidades de dinero que no se ingresaron en el Tesoro Público.
En esta línea, la Fiscalía incide en que, de manera "mendaz", la cantidades percibidas por las exenciones de IVA se fueron ocultando mediante "transferencias circulares" entre diversas sociedades del grupo bajo un sistema conocido como 'rueda de talones', o mediante la simulación de préstamos con otras sociedades de la compañía. De este modo, se iban devengando las deudas con la Hacienda y se dejaban en el seno de la empresa inmuebles de imposible realización con lo que se hacía "inviable" para Hacienda el cobro de las deudas.
Junto a este modo de proceder, según la Fiscalía, se detectaron importes sin liquidar por ingresos que ascienden a 818.000 euros entre 2011 y 2012 relativos a ingresos de IVA de ejecuciones hipotecarias cuyos inmuebles fueron adquiridos por otras entidades.
En esta primera sesión, también han declarado los acusados a los que el Ministerio Público otorga el estatus de colaboradores, alguno de los cuales habrían llegado a percibir entre 800 y 1.000 euros mensuales por actuar como supuestos testaferros, que figurarían como administradores de la sociedad durante un periodo determinado.
Los colaboradores habrían participado también en otras operaciones destinada a arrendar con carácter "simulado" promociones de viviendas de Obrascampo para "frustrar de este modo la eficacia de un embargo sobre las fincas y sobre los créditos obtenidos por el alquiler".
Así, uno ha asegurado que actuó como administrador porque el principal acusado, "que solía traer sus coches a mi taller mecánico", le pidió "el favor". "Yo hacía lo que me decía Antonio y me arrepiento porque ahora vivo en casa de mis padres ya que fui desahuciado y hasta me cortaron la luz y el agua".
En la misma línea se ha pronunciado un enjuiciado que participó "también como favor" en la compra "simulada" de participaciones de Obrascampo, una mujer de avanzada edad que, según ha dicho, ya que "eran amigos de toda la vida", colaboró en una cesión de derechos de alquiler "por lo que no cobré nada" y que ya ha sido deshecha a favor de la AEAT, o dos acusados que se encargaron de "blanquear" con transferencias de grandes cantidades de dinero "con cheques bancarios" a Marruecos, "lo que no nos hizo sospechar nada" y a cambio de lo que no recibieron retribución alguna.
Con respecto a esto último, la Fiscalía concluye que el principal acusado habría "desviado" parte de la cantidad de dinero percibida en concepto de IVA desde 2010 en adelante "fuera del territorio nacional" mediante inversiones inmobiliarias en China o Marruecos con la colaboración de otros acusados y sociedades instrumentales.
Además de las penas privativas de libertad, el fiscal reclama para el principal acusado y su colaborador una multa de más de 5,1 millones de euros por dos delitos contra la Hacienda Pública, uno de insolvencia punible y otro de blanqueo, mientras que para el resto de acusados las peticiones de prisión van de los diez años a los 18 meses.
