ALMERIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat (PP), abogó hoy por el diálogo entre las administraciones con la finalidad de buscar "la mejor solución posible para que el Parque Comercial Gran Plaza siga como está por el bien de todos los ciudadanos, comerciantes y trabajadores", mientras que el delegado del Gobierno de la Junta en Almería, Juan Callejón Baena, aseguró que hasta que el Ayuntamiento roquetero "no cumpla la ley" la Administración autonómica andaluza no estará "dispuesta a dialogar".
En declaraciones a los periodistas, Amat, que asistió a la Delegación Provincial del Gobierno de la Junta en Almería para recoger una subvención otorgada por la Consejería de Empleo destinada a talleres de empleo, resaltó que las "administraciones no tenemos derecho, ni una ni otra, a fastidiar a nadie y trastornar a una cantidad de personas que viven de su trabajo en el Gran Plaza".
En este sentido, manifestó que, si las administraciones "nos hemos equivocado, tendremos que corregir esa equivocación como sea y como la ley lo permita", pero "sin trastornar a nadie".
Asimismo, comentó que el Ayuntamiento de Roquetas está estudiando varias posturas, entre ellas, "esperar a que salga la sentencia que hay en Granada" por el informe emitido por la Comisión de Comercio Interior sobre el déficit comercial de la zona y "esperar si alguien pide la ejecución de la sentencia".
Para el primer edil roquetero, "este culebrón no ha hecho nada más que empezar", aunque, a su vez, dejó muy claro que desde el Consistorio "apoyaremos todo lo bueno y todo lo que haga falta para que el Gran Plaza siga como está".
De otro lado, Amat señaló que esta noche, ciudadanos, comerciantes, empleados y la gerencia del Parque Comercial Gran Plaza se reunirán para abordar la polémica suscitada por el posible cese de la actividad comercial, un encuentro en que el que se informará, además, sobre la puesta en marcha de una plataforma en defensa del Gran Plaza cuya finalidad será debatir las medidas que se irán adoptando.
Por su parte, Juan Callejón Baena insistió en que desde el momento en el que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar otorgó en el año 2000 la licencia de apertura del Gran Plaza la Junta estimó que éste "no estaba actuando correctamente", es más, "incurrió en la responsabilidad de permitir que se abriese el centro comercial para personas y pequeñas empresas, donde el futuro estaba muchísimo más que en el aire".
Para Callejón Baena, "la última palabra sobre la licencia de apertura concedida por el Ayuntamiento de Roquetas la ha tenido el TSJA", por tanto "no es ni decisión de la Junta ni decisión de Comerciantes del Poniente (COPO)".
Finalmente, recordó que el Ayuntamiento de Roquetas tiene dos meses de periodo voluntario para cumplir la sentencia, hasta que no pase ese tiempo establecido "ni la propia instancia del TSJA, ni la Junta ni Comerciantes del Poniente pueden pedir la ejecución forzosa de la sentencia".