Almería.- Greenpeace recuerda a Chaves y a Narbona los casos en los que la urbanización del Parque gana a su protección

ALMERIA 25 Abr. (EUROPA PRESS) - La organización ecologista Greenpeace ha remitido un documento al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en el que recoge algunas actuaciones en las que la Junta "está dejando de aplicar la legalidad en beneficio de la urbanización en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería)" y por tanto, casos en los que la edificación "ha ganado a su protección ambiental".

En un comunicado remitido hoy a Europa Press, la organización ecologista Greenpeace lamentó que la Junta "esté permitiendo la destrucción de la costa y su paso a manos de las constructoras".

Más concretamente, destacó que el informe remitido a Chaves y a Narbona recoge casos como el de las normas subsidiarias de Marina de Agua Amarga, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, "en el que la Junta no informó al Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía (TSJA) de la clasificación del espacio como Hábitat Prioritario y Exclusivo y no recurrió la sentencia".

Otro, según indicó la organización, es el de las normas subsidiarias de Níjar por las que "este ayuntamiento planteaba la urbanización espacios protegidos por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Cabo de Gata-Níjar", y en el que la Junta "no presentó la planimetría del PORN que acreditaba la protección de los espacios protegidos". Un hecho, por el que "el TSJA declaró los terrenos urbanizables en contra de lo dispuesto en la Ley 4/89 y de la jurisprudencia del propio TSJA". En este caso, "la Junta recurrió la sentencia posteriormente y se está a la espera de la sentencia firme", apuntó.

A estos casos se suma el de un particular que recurrió las normas subsidiarias de Níjar que "habían declarado no urbanizables sus terrenos" y en el que "la Junta no aportó los planos del PORN que acreditaban la protección de estos terrenos, que fueron declarados urbanizables", matizó.

Con respecto al caso de la empresa Azata, que construye un hotel en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), la organización destacó la "no realización de la Evaluación de Impacto Ambiental sobre terrenos colindantes a la citada zona protegidos por el PORN".

Por último, resaltó la propuesta de urbanización de Punta Isleta que "pretendía que se declaren urbanizables espacios protegidos por el PORN". En este caso, la Consejería de Medio Ambiente "aportó un plano del PORN donde el espacio urbanizable de la Isleta del Moro era unas cuatro veces superior a lo que declara el PORN" y "se correspondía exactamente con la propuesta de urbanización de Punta Isleta".

Posteriormente y en este caso, la Consejería "aportó otro plano, que aunque ilegible, era la copia legal del mapa publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)". A lo que añadió que "el pleito está en fase de conclusiones finales".

RECONOCER ILEGALIDADES

Por otro lado, Greenpeace manifestó que "lleva varios meses tratando de que la Junta reconozca sus responsabilidades en el caso de la construcción ilegal del hotel de la playa de El Algarrobico, dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar".

En este sentido, indicó que en la última carta remitida por la Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta a Greenpeace, "el delegado provincial de Medio Ambiente, Juan José Luque, olvida y elude el papel decisivo que una administración como la Junta ha de cumplir ante un supuesto tan grave y llamativo como El Algarrobico".

En su contestación a la Junta, la organización ha lamentado que ésta "se autoexculpe de sus evidentes responsabilidades al no intervenir en tiempo y forma en este asunto". Parte de dicha exculpación "se basa en trasladar las culpas al Ministerio de Medio Ambiente acusándole de no haber emitido ninguna sugerencia, advertencia o revisión desde la perspectiva de la protección y defensa del dominio público marítimo-terrestre al Plan Parcial recogido en las normas subsidiarias de Carboneras".

Greenpeace recordó al delegado provincial que "no sólo tiene competencias urbanísticas", sino también "competencias en materia de medio ambiente, en virtud de las cuales tiene obligación de garantizar y salvaguardar el litoral en la acepción más amplia del término".