Almeria.- 'Manos libres' exige la ejecución de una sentencia que obliga al derribo de un muro del Gran Plaza de Roquetas

ALMERÍA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El colectivo 'Manos Limpias en el Urbanismo' de Roquetas de Mar (Almería) exigió hoy la ejecución de la sentencia firme que obliga al centro comercial Gran Plaza de General de Galerías al derribo de uno de los muros de cuatro metros que forman el complejo, acto que, según denunció, "dejaría al descubierto las vergüenzas del Gran Plaza porque se verían las tres alturas de las que consta el edificio" y "se comprobaría, por tanto, que existe un exceso de edificabilidad tres veces por encima de lo permitido".

En rueda de prensa, el portavoz de este colectivo, Francisco Hurtado, desveló, asimismo, lo que calificó como "manipulación del Registro de la Propiedad" y que, según los documentos que obran en su poder y a los que también ha tenido acceso Europa Press, "se favoreció a un cuñado del alcalde", socio en la empresa propietaria de los terrenos --Inmaculada Algaida SA-- que se vendieron a General de Galerías Comerciales por 500 millones de pesetas".

Hurtado basó la acusación de presunta "manipulación del Registro de la Propiedad" en que se realiza "una modificación puntual de PGOU para agrupar a los sectores 35 y 36 y destinarlos al uso comercial e industrial en virtud de un acuerdo de pleno declarado nulo de pleno derecho por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía".

En esta línea, el portavoz del colectivo calificó la operación urbanística que rodeó a la construcción del centro comercial Gran Plaza --sobre el que pesa una orden judicial de cierre por abrir sin licencia de la Junta de Andalucía-- y que, sin embargo, no quiso tildar de "pelotazo", como "un atropello tremendo para favorecer sólo a un señor --en referencia al propietario de General de Galerias Comerciales, Tomas Olivo-- sin importar, como dice ahora el alcalde, los puestos de trabajo generados".

TRATO DE FAVOR A TOMAS OLIVO

Como prueba, 'Manos Libres' aportó también documentos sobre la junta de compensación creada para los sectores 35 y 36 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio y sobre la que Hurtado afirmó sospechar que "ni siquiera existe". Según Hurtado, en virtud de ese acuerdo "el Ayuntamiento de Roquetas otorgó el derecho a Tomás Olivo de construir donde quiera" en el término municipal, ya que le cedió 10.300 unidades de ejecución que equivalen a más de 1.500 millones de pesetas". "El Ayuntamiento de Roquetas de Mar vendió a Olivo la parte del sector que le corresponde para su aprovechamiento por 350.000 pesetas, más barato de lo que se lo había comprado al cuñado del alcalde".

La sentencia firme del Juzgado de Instrucción número uno de Roquetas de Mar, cuya ejecución reclama 'Manos Libres' y que es el resultado de la denuncia interpuesta por un particular al que el muro calificado como "de la vergüenza" por Hurtado "ha ocasionado graves pérdidas en la producción de sus invernaderos", data de enero de 2004. "Llevamos 32 meses esperando --comento el portavoz del colectivo-- e, incluso, hemos tenido que cambiar de abogado".

Antes de esa sentencia firme por la que General de Galerías Comerciales "debe restituir la situación al estado en que se encontraba en 2002", la Audiencia Provincial de Almería ya dictó en julio de 2003 una orden de paralización de las obras.

Sobre el porqué no han puesto toda la información ahora revelada en manos de la Fiscalía, Hurtado se justificó alegando que "somos un colectivo que se acaba de formar casi a escondidas porque Roquetas parece más un califato que un pueblo". "Además --concluyó-- estamos todavía recabando datos".