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Almería.- El PP habla de "procesos de corrupción" en relación a El Algarrobico que vincula a una moción de censura del 97
Dice que la Junta retiró las competencias urbanísticas al alcalde del PP en el 97 por "inactividad municipal"
ALMERIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -
El diputado nacional del PP por Almería Rafael Hernando dijo hoy que "detrás" de toda la polémica que se ha suscitado en relación al hotel de Azata en El Algarrobico, sobre todo a raíz de que la Junta anunciase el derecho de retracto sobre los terrenos, "ha habido numerosas irregularidades, ilegalidades, compra de tránsfugas y mociones de censura", ya que vinculó la aprobación de este proyecto con la moción de censura que prosperó en 1997 contra el entonces alcalde y actual portavoz popular Antonio Hermosilla.
En rueda de prensa, Hernando dio a conocer que el proyecto urbanístico de El Algarrobico "fue aprobado por la Junta de Andalucía en Comisión Provincial de Urbanismo, después de retirarle las competencias en marzo de 1997 al Ayuntamiento --gobernado por el PP-- porque el entonces alcalde no pertenecía al PSOE".
El diputado andaluz del PP Eugenio Gonzálvez añadió que el entonces delegado de Obras Públicas, Francisco Espinosa, retiró las competencias al alcalde popular por "inactividad municipal" en el sector origen de la polémica.
Hernando agregó que el actual primer edil, Cristóbal Fernández (PSOE), "estaba tramando entonces y realizando la compra de votos de varios tránsfugas para la realización de dos mociones de censura consecutivas con dos tránsfugas contra quien entonces era alcalde --Antonio Hermosilla-- y molestaba al PSOE en la realización y ejecución de este proyecto urbanístico".
Aseguró que "uno de los primeros hechos" que Cristóbal Fernández realizó "nada más triunfar la moción de censura fue aprobar definitivamente las normas subsidiarias aprobadas previamente por la Comisión de Urbanismo de la Junta", administración que dice ahora que "va a garantizar la protección del litoral andaluz". Según Hernando, el principal acto de campaña del PSOE en Carboneras para las elecciones de 2003 fue precisamente la colocación de la primera piedra del hotel de Azata.
Para Hernando, dicho hotel "se ha estado levantando durante dos años y medio en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar infringiendo la Ley de Costas ladrillo a ladrillo delante de las narices" del presidente andaluz, Manuel Chaves, y agregó que su construcción, además, "ha sido amparada, avalada y promovida por el PSOE, por la Junta y por Manuel Chaves, hasta el punto de que ha recibido subvenciones de fondos comunitarios para impulsar el turismo y la creación de empleo".
Por otro lado, calificó como "claramente ilegal" la exención a Azata "con efectos retroactivos" del pago de la licencia de obras que debería haber cobrado el Ayuntamiento de Carboneras y que, según el diputado del PP, asciende a 1,2 millones de euros.
INFORME DE COSTAS
Por otro lado, Hernando respondió a las críticas que ha recibido el PP por no efectuar cuando gobernó en el país el deslinde de la playa de El Algarrobico que tales acusaciones son "falsas" porque existe un informe de marzo de 1998 de la Demarcación Provincial de Costas "en el que se dice que la zona, y se informa a la propiedad, está protegida por una zona de seis metros de servidumbre de paso y otros 100 metros" para la playa.
Hernando destacó que ha pedido este informe al Ministerio de Medio Ambiente, junto con la documentación sobre el expediente que ha abierto la Unión Europea a España por no haberse realizado declaración de impacto ambiental en El Algarrobico con motivo de la construcción del inmueble, tal y como obligan las normativas europeas.
Según el diputado del PP, "los grandes perjudicados" por este caso serán "los carboneros que han visto frustradas sus expectativas de desarrollo y creación de empleo, así como mermados los ingresos a los que tiene derecho su Ayuntamiento", y los andaluces "que vamos a tener que pagar todo este tremendo desastre". Por tanto, consideró que "hay que investigar todo lo que ha pasado y por qué ahora la Junta quiere tirar un hotel que ellos han permitido construir".
Al respecto, desveló que el PP valora en más de 60 millones de euros todo el dinero público que supondrá derribar el hotel ya que a los 2,3 millones del derecho de retracto, sumó los 40 millones que costó construirlo, los diez millones de los daños y perjuicios que pedirá la empresa, más el coste de la demolición y de la restauración y los 4,6 millones "de las subvenciones obtenidas por el Ayuntamiento promovidas por la Junta".
De otro lado, expresó su sorpresa ante el hecho de que la Junta asegure "que no sabía nada sobre una real transmisión de propiedad para justificar" el derecho de retracto puesto que recordó que existe el "impuesto de actos jurídicos documentados" que debió cobrar la Consejería de Economía y Hacienda en su momento por la compraventa, además de que el Colegio de Notarios, "trimestralmente, informa de todos los traspasos de propiedad que se producen en temas de solares en la provincia".
Es más, reiteró que la Junta "está faltando a la verdad" porque en el plan parcial aprobado aparece el sector promovido por la compañía Río Alías --los anteriores propietarios de los terrenos-- y, con posterioridad, las ayudas tramitadas han sido para Azata, por lo que aseveró que el Gobierno andaluz "ha tenido conocimiento del traspaso de transferencia de la propiedad".
Así, consideró que "hay que hablar de responsabilidades políticas" que atribuyó a "quienes han sido responsables de todo esto" y que "están creando un grave perjuicio a Carboneras y a Almería, generando inseguridad jurídica para cualquier inversor por pura negligencia e incompetencia o por oportunismo".
Por tanto, dijo que estos responsables "tienen que dimitir o ser cesados por el seños Chaves" y se preguntó si el alcalde de Carboneras "va a ser la cabeza de lista" del PSOE para las próximas municipales.
Por su parte, el parlamentario andaluz del PP por Almería Eugenio Gonzálvez añadió que, además de una comisión de investigación, el PP va a solicitar la comparecencia en la Cámara andaluza de los titulares de las consejerías de Turismo, Comercio y Deporte; Medio Ambiente; Salud; Obras Públicas y Economía y Hacienda, ya que aseguró que los cinco departamentos "están involucrados en el escándalo".
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