Romero confía en que la sentencia "sea ejemplar" de modo que contribuya a "erradicar de la vida pública un escándalo como este"
ALMERIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Roquetas de Mar (Almería) ha decretado para los dos acusados en el caso de la Comunidad de Regantes Sol y Arena, el ex presidente Pedro Mena y el administrador de la empresa Tecniriegos --adjudicataria de las obras de regadío--, Santiago Penichet, el pago de una fianza de 8.550.680 euros a cada uno para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles".
En rueda de prensa, el actual presidente de la Comunidad de Regantes, Juan Romero, quien actúa en este proceso como acusación particular, destacó que el Juzgado de Roquetas ha culminado la instrucción de este caso que está pendiente de fecha para la apertura de juicio oral.
El fiscal pide en su escrito de acusación para ambos una pena de ocho años de prisión como presuntos autores de un delito continuado de estafa y tres años de prisión por un delito contra la hacienda pública, así como el pago de una multa de seis millones de euros.
Juan Romero, en calidad de presidente de la Plataforma por la Democratización de Sol y Arena, fue quien, en 1998, interpuso la querella. En concepto de responsabilidad civil ambos acusados de forma solidaria y la entidad Tecniriegos, de forma subsidiaria, deberán indemnizar a Sol y Arena con 5,1 millones y a la Junta de Andalucía con 3,4 millones de euros.
El fiscal considera en su escrito de acusación que Pedro Mena y Santiago Penichet a principios de 1993 y con motivo de la inminente realización de unas obras de regadíos para el Campo de Dalías (Almería) "decidieron maquinar un plan para lucrarse en perjuicio de la propia Comunidad de Regantes y de la administración que subvencionaba las obras, repartiéndose los beneficios económicos de su ilícita actividad".
Mena era entonces presidente de Sol y Arena y de la Junta de Usuarios del Poniente Almeriense y encargó la realización del proyecto a Penichet, elaborando éste un presupuesto de ejecución por contrata que ascendía a la cantidad de 18 millones de euros. El presupuesto de ejecución de obra, "de común acuerdo entre los dos acusados, había sido confeccionado por un importe final notoriamente desproporcionado en relación con el coste real de las obras".
El 3 de junio de 1993 el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) dictó una resolución por la que aprobaba el proyecto y el 6 de octubre se suscribió un contrato entre Pedro Mena y el representante de IARA, por el cual este organismo aportaría el 40 por ciento del coste de las obras. Mena adjudicó las obras a la empresa Tecniriegos de la que era representante legal el otro acusado, autor del "desmedido proyecto inicial". De esta forma y sin concurso alguno, el 29 de noviembre se firmó el contrato de ejecución entre los dos acusados.
IMPORTES DESPROPORCIONADOS
La segunda fase de las obras, denominada "red de riego por tubería en el sector III, subsector segundo del Campo de Dalías", gracias a las "maquinaciones del acusado Pedro Mena ante la mesa de contratación, fue también adjudicada a Tecniriegos", por un importe final de 11,8 millones de euros, subvencionando el IARA el 40 por ciento de dicho importe. Según el escrito, este importe también había sido elaborado de igual forma, es decir, "por un importe final notoriamente desproporcionado en relación al coste real".
Así, en el presupuesto el precio de los tubos de polietileno era un 315 por ciento mayor que el que realmente se pagó al proveedor. La diferencia entre lo pagado al proveedor y lo presupuestado de metros lineales de tubo ascendía a 6,6 millones de euros.
Además de esto, a lo largo de la realización de las obras, desde 1993 hasta 2000, el precio de los tubos que se incluyó en las certificaciones de las relaciones valoradas fue superior al precio presupuestado en 502.000 euros. Por otra parte, en la ejecución de las obras también se certificó por encima de los precios de referencia obligatorios y se incrementaron los importes certificados sobre los precios de referencia en los presupuestos aprobados en cantidades importantes.
En ejecución del "plan preconcebido", el 29 de octubre de 1996 la empresa emitió una factura de un millón de euros aproximadamente en concepto de anticipo de obras, sin corresponderse la factura a ninguna ejecución de obra, aunque fue pagada por la Comunidad de Regantes, restándole a su importe inicial el cuatro por ciento en concepto de fianza.
Por último "y con evidente intención de obtener fraudulentamente de la administración autonómica la totalidad del presupuesto subvencionado, salvo en el año 1996 en el que coinciden, las certificaciones por ejecución de obra que Tecniriegos fue remitiendo al IARA para el cobro de la ayuda eran notablemente superiores a los importes de las facturas por ejecución de obras que la empresa remitía a Sol y Arena para su pago".
El IARA subvencionó las obras con 7,3 millones de euros para la primera fase y con 2,9 millones de euros la segunda. Según el fiscal, el perjuicio sufrido por Sol y Arena puede cifrarse en 5,1 millones de euros, mientras que la cantidad defraudada a la Junta es de 3,4 millones de euros.
Juan Romero destacó que a lo largo de los ocho años que han transcurrido desde que se inició el proceso "no exento de zancadillas" se ha demostrado "que nuestras denuncias estaban cargadas de pruebas", así como el hecho de que tanto el fiscal como el juez "lo hayan corroborado". "Ahora le toca a la justicia dar el último carpetazo al culebrón", subrayó.
Confiós en que la sentencia "sea ejemplar" de modo que contribuya a "erradicar de la vida pública un escándalo como este" en el que más de 4.000 regantes del Poniente almeriense con 6.000 hectáreas han resultado perjudicados.
