ALMERIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
El juicio por un presunto delito en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería), ante la destrucción de 20.000 ejemplares de la planta Androcymbium Europeaum del espacio, y por el que han sido citados en calidad de acusados altos de cargos de la Consejería de Medio Ambiente, se suspendió hoy hasta el próximo día 29, a las 09.15 horas, por la incomparecencia de uno de los principales acusados, el empresario Marcos Eguizábal, debido a motivos de enfermedad.
A este juicio, que comenzó sobre las 09.30 horas, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería --cuyo titular es Luis Columna--, estaban también llamados a comparecer el director general de Gestión del Medio Natural de la Junta de Andalucía y ex director del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, José Guirado, el delegado provincial de Medio Ambiente, Juan José Luque, el también ex director del Parque Natural Ramón Huesa y la actual responsable de este espacio, Rosa Mendoza.
A esta citación solamente acudieron los representantes legales de los denunciantes --Ecologistas en Acción en Almería y la Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar-- y de los imputados, y uno de los acusados, el nombrado anteriormente ex director del Parque Natural Ramón Huesa.
Según explicó uno de los letrados, la suspensión del proceso judicial se preveía debido a que la Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo cambió hace escasos días de abogado y para que no se produjese una situación de desventaja e indefensión ante la justicia solicitaron el aplazamiento del mismo.
A pesar de esta circunstancia, la organización Ecologistas en Acción mostró su indignación por la suspensión del juicio porque, a pesar de efectuar, al juez que instruye el caso, esa petición, "queremos que se celebre", y que "se apliquen las leyes y que no se supediten, como está ocurriendo, a los intereses de los que están siendo acusados" porque "ellos son, precisamente, los que tienen que dar la cara", manifestó el representante de Ecologistas en Acción en Almería Francisco Toledano.
Asimismo, y sobre el empresario Marcos Eguizábal resaltó que "es ya muy mayor y debería dejarle la especulación a otras personas". Además, incidió en que los imputados "no se oculten y muestren la cara y digan sí tienen o no razón en lo que defienden".
Por último, y en cuanto a la petición de prisión para los acusados, matizó que "lo que queremos es que la ley se aplique y si la ley dice eso, pues que se lleve a cabo justamente".
Los hechos enjuiciados se remontan al mes de octubre del año 1998, cuando la empresa Círculo Agroambiental S.L., pidió permiso a la Delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta para la colocación de una tubería subterránea destinada al riego de fincas propiedad del bodeguero Marcos Eguizábal.
Entre los 450 metros por los que la compañía pretendía extender la tubería figuraban zonas con la máxima protección medioambiental, es decir, las designadas como A y B, al encontrase el trazado en el Parque Natural, más concretamente, la intervención urbanística se iba a llevar a cabo en el paraje conocido como Barranco de Curria.
A finales de 1998, según explicaron los ecologistas, la Junta dio el visto bueno a los trabajos para la instalación de la tubería, lo que provocó la pérdida de 20.000 ejemplares de la planta Androcymbium Europeaum, que en aquellas fechas figuraba en el catálogo de flora y fauna como peligro de extinción.
