ALMERÍA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado información sobre la tramitación por parte del Juzgado de Instrucción 2 de Almería de la investigación del rapto y asesinato de la bebé onubense de 16 meses Míriam después de la queja presentada por Raúl Ríos, quien estuvo imputado en la causa hasta febrero de 2015 cuando el juez dictó el sobreseimiento de las actuaciones contra él al no encontrar indicios de que participase encubriendo los hechos.
En un escrito remitido a Ríos, que reclama por el funcionamiento de este órgano judicial, la Unidad de Atención Ciudadana le solicita que le indique "con la mayor precisión posible, y previa consulta con su abogado si así fuera necesario", qué actuaciones están pendientes de realizar y desde qué fecha por el juzgado, que debe dictar en breve el auto de apertura de juicio oral contra el único encausado por el crimen, Jonathan Moya.
Le demanda, asimismo, que le informe de si existe algún escrito pendiente de proveer, su fecha de presentación y objeto de solicitud "con el fin de valorar la intervención que cabe por esta Unidad", según han indicado a Europa Press fuentes judiciales.
Ríos también ha presentado una denuncia en el Decanato de los juzgados de Almería en la que solicita que se abran diligencias previas para investigar el origen de los mensajes de 'wasap' que dieron lugar a su detención en 2012 por parte de la Guardia Civil ya que, según sostiene, "fueron manipulados y sesgados, no correspondiendo lo transcrito en las actuaciones con lo sucedido realmente, por lo que son del todo falsos".
En su denuncia, interesa, asimismo, que se pida al Juzgado de Instrucción 2 de Almería "los terminales móviles y todos los elementos necesarios" ya que, "a día de hoy, y tras varias peticiones a este órgano, no se nos ha dado traslado de las tarjetas de los teléfonos que fueron intervenidas a Moya para un informe pericial ni se nos ha informado de la cadena de custodia seguida para preservar los datos contenidos en las mismas".
"MÚLTIPLES SOLICITUDES"
Ríos remarca en su escrito que la "transcripción que se hizo de los mensajes" fue el "motivo argumentado en su día por la Guardia Civil para 'culparme' de los hechos", así como "el mantenido por el juzgado hasta mi desimputación reciente" y califica de "autentico calvario" su imputación "teniendo en cuenta el tipo de delito del que fui injustamente acusado, sin que por nadie se hayan atendido mis reiteradas solicitudes de prueba a fin de acreditar la falsedad de los mensajes de 'wasap' que sirvieron primero para mi detención y luego para mi imputación".
"No se han atendido mis múltiples solicitudes para poder demostrar que los mensajes unidos a la causa por las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado no son ciertos y han sido manipulados de manera interesada, desconociendo quien ha podido hacer tal cosa pero estando convencido de que se han hecho", apuntilla para pedir "auxilio judicial" ya que, según remarca, no es que se le denegara lo solicitado por el juez instructor, sino que "ni siquiera existió ningún pronunciamiento, causándome todo esto un grave perjuicio".
Ríos, quien recuerda que una carta manuscrita por Moya González "le pide perdón" por su primera versión en la que lo inculpaba, asegura que hizo observar al juzgado que "una simple lectura" de las transcripciones de los mensajes "permite constatar que las conversaciones no están completas, existiendo saltos entre registros" y estima que se ve "con meridiana claridad" que "no coinciden en horas y días con los mismo mensajes transcritos en otra parte del sumario, existiendo un baile entre días y horas de los mismos mensajes".
La denuncia tilda de "sorprendente e injustificado" el hecho de que esos 'wasap' "sostuvieran que tenía conocimiento del plan trazado por el hoy único imputado en la causa" mientras que el auto de sobreseimiento concluye que no "resulta indicio alguno" de su "participación en los hechos" y pide también que se oficie a la Guardia Civil para que remita las cámaras de grabación del día 27 de diciembre de 2012 "durante todo el tiempo que estuve bajo custodia de ellos".
El análisis del contenido de los teléfonos móviles intervenidos a Jonathan Moya, para quién la Fiscalía pide 26 años de prisión por el secuestro y asesinato de la bebé Míriam, y cuya investigación judicial solicita Raúl Ríos dio lugar a un informe de la Policía Judicial que concluía que "era conocedor de las intenciones de su amigo de separar a la menor y a su madre en contra de la voluntad de esta" y que podía asimismo "conocer el paradero de ambos" una vez fue secuestrada el 20 de diciembre de 2012.
El citado informe, a la postre descartado por el instructor como prueba de cargo, indicaba que había "llegado a asesorar incluso a este sobre hacía dónde debía dirigirse y llevar a ambas la mañana del 20 de diciembre" tras el estudio de extractos de los mensajes de texto y de 18 "charlas" usando la aplicación Whatsapp.
