Constructores del caso Mascarillas niegan sobornos y defienden sus negocios con la Diputación de Almería

ALMERÍA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de las empresas constructoras investigados en el marco del caso Mascarillas, que indaga sobre el presunto pago de comisiones por el acceso a contratos de obras y servicios a través de la Diputación de Almería, han rechazado haber efectuado algún tipo de soborno para conseguir acceder a obras públicas al tiempo que han defendido la legalidad de sus negocios con la institución provincial.

Así lo han manifestado varios de los que han comparecido este jueves ante el juez instructor Manuel Rey Bellot y han decidido declarar aunque únicamente a preguntas de sus abogados defensores para trasladar que, en ningún caso, llegaron a ofrecer algún tipo de prebenda a funcionarios o políticos para conseguir contratos públicos, según han trasladado a Europa Press fuentes del caso.

Los indicios que obran en los informes de la UCO apuntan que los investigados habrían participado, como representantes de sus respectivas empresas, en el supuesto amaño de contratos públicos aprovechando las capacidades que el exvicepresidente tercero y exdiputado provincial de Fomento Óscar Liria tenía en materia de contratación pública.

Frente a este extremo de la investigación, varios de los comparecientes han rechazado haber participado de la adjudicación fraudulenta de contratos, ya fuera como beneficiarios o como ofertantes simulados, dentro del sistema que la Guardia Civil advirtió para conseguir las 'mordidas'.

En este sentido, el representante de una robusta compañía ha llegado incluso a admitir que se han realizado trabajos con "beneficio cero", e incluso a pérdidas, como parte de su compromiso "ético" con las administraciones públicas, tanto a nivel local, autonómico o nacional, con las que tienen costumbre de contratar obra pública.

Asimismo, uno de los investigados se ha acogido a su derecho a no declarar en este momento del procedimiento mientras que otro de ellos, cuya representación legal ha comparecido mediante videoconferencia desde Barcelona, se ha limitado a negar cualquier conducta que pudiera constituir algún ilícito penal.

"INGENIERÍA DE MORDIDA"

La acusación popular que ejerce el PSOE en el caso a través del letrado Javier Salvador ha señalado la gravedad de los delitos que se atribuyen indiciarimente a los empresarios investigados, ya que según la UCO, conformarían una parte importante de una estructura "presuntamente ideada para obtener mordidas".

"En el lenguaje de la organización criminal, habrá que determinar si son los dentistas o había otras figuras intermedias aún no identificadas en esta 'ingeniería de la mordida'", ha comentado antes del inicio de los interrogatorios que continúan este viernes con la declaración de otros cuatro empresarios.

Las compañías conformarían así parte de la trama destinada a la obtención de fondos públicos y su posterior blanqueo. "Para que exista corrupción tiene que haber corruptores, estamos en el proceso de saber quién es quién y qué papel jugaban", ha incidido ante el comienzo de los interrogatorios.

En esta línea, ha insistido en la gravedad de la supuesta trama que quedó al descubierto en la fase más aguda de la pandemia cuando "todos estábamos en shock" y se había decretado "el estado de alarma y el confinamiento de la población", lo que desde la Diputación, según ha advertido, fue visto "como una oportunidad sin igual para la gran mordida"