EL EJIDO (ALMERÍA), 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha indicado este miércoles que los servicios jurídicos municipales han determinado que los hechos por los que han sido imputados en el marco del caso 'Poniente' cinco funcionarios del área de Obras Públicas están "prescritos a nivel administrativo" y ha emplazado a la vía penal para que se "determinen las posibles responsabilidades".
En un comunicado, señala que así se desprende del informe emitido en diciembre de 2014 por los citados servicios, a los que el equipo de gobierno encargó informe técnico a raíz del informe de la Agencia Tributaria (AEAT) incorporado a la causa judicial y que señalaba que, mediante la empresa 'Urdial-Maryya', habrían obtenido presuntamente alrededor de 900.000 euros de dinero público entre los años 2004 y 2009.
"Prescrita la vía administrativa, será el juez instructor en vía penal quien tenga que determinar las posibles responsabilidades", remarca. Los cinco funcionarios, así como la esposa e hijo de dos de ellos, tendrán que declarar los días 20, 21 y 23 imputados por presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y negociación prohibida a funcionarios.
En el comunicado, el equipo de gobierno que ahora lidera Francisco Góngora (PP) ha pedido la "máxima celeridad" para que se resuelva "cuanto antes" este procedimiento, que, según subraya, se "enmarca en la etapa más negra que vivió este Ayuntamiento".
El juez instructor del caso 'Poniente', que investiga una presunta trama de corrupción política y empresarial en torno al Ayuntamiento de El Ejido bajo mandato del exalcalde Juan Enciso entre los años 2002 y 2007, ha citado a declarar como imputados a cinco funcionarios del Área de Obras Públicas, así como a la esposa y al hijo de dos de ellos por su relación con la empresa 'Urdial-Maryya SL' ya que, mediante esta, se habrían embolsado presuntamente alrededor de 900.000 euros de dinero público.
El auto, que fecha las comparecencias en la sede del Juzgado de Instrucción 2 de Almería para los días 20, 21 y 23 de abril, imputa a los siete la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios a raíz del extenso y prolijo informe pericial de la Agencia Tributaria (AEAT), que se incorporó a la causa a principios de 2014.
Fuentes cercanas al caso han indicado a Europa Press que los indicios apuntan a que la empresa 'Urdial-Maryya SL' subcontrató con la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), señalada como "eje" de la presunta trama corrupta y "único cliente" de esta mercantil, y que, gracias a ello, los imputados habrían recibido diversas cantidades que, en total, rondarían los 900.000 euros.
En concreto, los peritos de la Agencia Tributaria detallan que, fruto de sus pesquisas, se desprende que esta empresa, detrás de la que estarían estos funcionarios, "sólo contrató con Elsur" una serie de obras y servicios "sin justificación", por lo que habrían recibido dinero público "sin ningún tipo de justificación también".
El auto cita al jefe del Área de Obras Públicas, Agustín Santaella, al jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas, Emilio García, al arquitecto municipal Francisco Gabriel García, a la jefa de Vías Públicas, María Jesús Maldonado y al técnico del área Antonio Cara. Deberán comparecer ante el juez, asimismo, el hijo del primero, de profesión arquitecto, y la esposa de Emilio García.
La pericial de Hacienda recoge que, entre 2004 y 2009, Santaella y su hijo se beneficiaron supuestamente con más de 250.000 y con 44.163 euros, mientras que Emilio García y su mujer habrían percibido indiciariamente 28.853 euros. El arquitecto municipal recibió supuestamente la máxima cuantía, más de 310.000 euros, mientras que la jefa de Vías Públicas y el técnico de área habrían cobrado 160.946 y 82.577 euros, respectivamente.
