GRANADA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Granada ha solicitado la pena de seis y ocho años de prisión para tres acusados de pertenecer a una red de tráfico de droga, F.J.M.A., J.R.C. y M.M.V., que transportaban de forma "organizada y con una sólida infraestructura" cantidades importantes de hachís desde las costas de Granada y otras provincias limítrofes a destinos nacionales y extranjeros.
En su escrito de acusación, al que tuvo acceso hoy Europa Press, el fiscal relató que dichos transportes se hicieron de manera coordinada entre los integrantes de la red, una vez que los miembros de la organización conseguían "traer a la península" procedentes en la mayoría de los casos de Marruecos importantes alijos de droga.
A través de una investigación policial e intervenciones telefónicas, se puso al descubierto a diversas personas vinculadas al mundo de los transportes en Motril (Granada), que compaginaban su trabajo con los portes de droga, creándose entre ellos "verdaderas rivalidades para hacerse con las ofertas".
Las investigaciones se centraron, en principio, en F.J.M.A. y M.M.V., éste ultimo representando a su familia en tales negocios tras la encarcelación de su padre por delito contra la salud pública, que supervisaba el modo de efectuar los transportes de droga desde la prisión.
Ambos se entrevistaban con individuos para lograr chóferes que efectuaran el transporte o encargándose ellos mismos, para lo cual utilizaban un argot particular con el fin de disimular su conducta.
A finales del pasado año, la organización preparó una importante operación de transporte de droga desde las costas de Almería hasta Holanda para lo que los dos acusados se pusieron en contacto con el tercero, J.R.C., a fin de distribuir las funciones de cada cual y repartir las ganancias.
Una vez que estaba cargando de droga el camión y tras partir hacia alta mar dos embarcaciones semirrígidas en una playa del municipio almeriense de San José, dos de los acusados continuaron el viaje en dirección a Almería, si bien fueron detenidos por funcionarios policiales que lograron abortar la operación.
F.J.M.A. y M.M.V. están acusados de un delito contra la salud pública por el que la Fiscalía pide seis años de prisión y una multa de 36 millones de euros, mientras que J.R.C. está acusado además de contra la salud pública de un delito de atentado por los que le piden ocho años de cárcel y la misma multa que a los anteriores.
El juicio está previsto que se inicie en la Audiencia Provincial de Granada el próximo 28 de marzo.