HUELVA, 19 May. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 1 de Ayamonte (Huelva) decretó hoy la libertad con cargos para los dos hermanos --los súbditos marroquíes A.N., de 27 años de edad; y de N.E.N, de 31-- detenidos el pasado miércoles por un presunto delito de explotación laboral contra decenas de trabajadoras en Lepe (Huelva).
Según informaron a Europa Press fuentes de la Guardia Civil los dos detenidos ahora en libertad deben personarse en los juzgados los días 1 y 15 de cada mes, aunque precisaron que "la investigación aún no está cerrada".
Estas dos personas fueron detenidas por haber construido presuntamente una red que se dedicaba a seleccionar trabajadoras en Marruecos y traerlas a España para desempeñar labores agrícolas. Sólo por esta elección les cobraban a las inmigrantes la cantidad de 5.000 euros, cantidad que era cobrada en el país vecino, según informó la Guardia Civil en un comunicado remitido a Europa Press.
Esta información llegó a conocimiento de los agentes de la Guardia Civil desde la provincia de Almería, donde se habían presentado algunas denuncias por mujeres que con anterioridad habían trabajado en la finca de Lepe donde operaban los dos hermanos detenidos. En estas denuncias presentadas en el Puesto de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, las víctimas manifestaron que los dos imputados sometían a las trabajadoras con prácticas semi-esclavistas.
Iniciadas las investigaciones por los agentes de esta Comandancia, éstos pudieron descubrir que, además de las presuntas irregularidades cometidas en territorio marroquí, los dos imputados se encargaban de recibir los salarios de las trabajadoras de la finca, un total de 60, y éstos pagaban a las mujeres sólo una parte del sueldo, quedándose ellos con otra parte.
Los guardias civiles comprobaron, además, que mantenían a las víctimas en condiciones de servidumbre cercanas a la esclavitud, pues tenían restringido el derecho de deambular libremente, siendo acompañadas fuera de la finca donde trabajaban y en todo momento por uno de los detenidos.
En el interior de la explotación agrícola, donde se hallan los módulos en los que las víctimas habitan, los detenidos también se encargaban de administrar la comida, ofreciéndoles escasas cantidades de alimentos, además de haberles retenido los pasaportes.
Una vez terminada la campaña, los detenidos les habían ofrecido la posibilidad de quedarse ilegalmente en España, para lo cual tenían que pagarles 2.000 euros por persona.
