El instructor del caso 'Mascarillas' de Almería acuerda tomar declaración a 43 investigados en la trama

ALMERÍA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juez instructor del caso 'Mascarillas', que investiga supuestas 'mordidas' en la contratación a través de la Diputación Provincial de Almería, ha acordado tomar declaración a los 43 investigados que figuran en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) en el que concreta las pesquisas por supuestos amaños de contratos.

Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que el instructor Manuel José Rey Bellot ha trasladado a las partes dicha decisión a través de una providencia en la que avanza que llamará a declarar a todos los señalados en el informe policial, incluidos los administradores y representantes de empresas presuntamente implicadas, a lo largo de los próximos días.

En concreto, el instructor que se hizo cargo de las diligencia estima así la declaración progresiva de un total de 33 empresarios o empleados vinculados con unas 25 empresas así como a otros diez cargos públicos y familiares, entre ellos, el expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García y los exvicespresidentes Fernando Giménez y Óscar Liria.

El juez adopta dicha decisión ante el tiempo transcurrido desde las primeras diligencias practicas con la detención, en una primera fase en junio de 2021, del entonces exvicepresidente Liria así como varios empresarios a quienes se sumó en una segunda fase, en octubre de 2025, el expresidente de la Diputación Javier Aureliano García, el exvicepresidente segundo Fernando Giménez y el exalcalde de Fines Rodrigo Sánchez, entre otros.

Del mismo modo, estima necesario escuchar en declaración a los investigados, entre los que sitúa al actual diputado provincial y alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, para avanzar en la investigación mientras que se resuelven los informes sobre los volcados de los teléfonos móviles que se solicitaron a principios de este año; todo ello sin perjuicio de que puedan citarse a nuevos testigos.

El juez solicitó a la UCO el pasado mes de febrero que identificara de forma sucinta a los investigados mediante una breve reseña para aclarar la participación que se atribuía a cada uno de ellos y las posibles consideraciones delictivas.

En este sentido, los agentes diferencian tres partes en la trama: la adquisición supuestamente fraudulenta de material sanitario durante la pandemia de 2020 mediante un contrato de dos millones de euros, las presuntas mordidas en contratos de obras de Diputación y los vínculos que habría facilitado el flujo de dinero en efectivo entre algunos involucrados, entre ellos, el expresidente de la Diputación.

Sobre esta última parte, la UCO reduce a los cargos públicos los indicios una "aparente existencia de un flujo de dinero en efectivo de supuesta naturaleza ilícita" con García a la cabeza, como presidente de la institución provincial, aunque también con sus dos hermanos, la sociedad familiar que gestionaban, Giménez y Liria como implicados, a los que se uniría el empresario Kilian L.S.

Para los investigadores existen evidencias de que, en algunos casos, Liria habría actuado "como intermediario en el cobro de las comisiones" de modo que habría sido él quien habría percibido los fondos que, posteriormente, habría hecho llegar al respeto de cargos públicos.

VIAJES BAJO SOSPECHA

Los nuevos informes elaborados por la UCO a raíz de su investigación ponen bajo la lupa algunos viajes desarrollados por el expresidente de la Diputación financiados con dinero público que, pese a su apariencia inicial, no se corresponderían con "ningún tipo de actividad profesional ni acto oficial" sino con viajes "personales".

En este sentido, los investigadores aportaron un informe en relación a un viaje a Madrid financiado por la Diputación cuyo coste se estima en 1.892,84 euros, que fue realizado entre el 26 y 27 de junio de 2025 por el expresidente y una empleada de la institución.

La "justificación aparente" para realizar este viaje era una reunión en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la que García ocupaba por entonces el cargo de Presidente de la Comisión de Presidentes de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares.

Los investigadores desarrollaron una labor de seguimiento del viaje y analizaron los movimientos de los involucrados para determinar que, durante los dos días de estancia en Madrid, ninguno "habría estado en ningún momento en la sede de la FEMP", toda vez que sí quedaron registradas estancias en hoteles, paseos por la ciudad y una cena en un restaurante.