Juez investiga por coacciones a un empresario por desalojar a una familia con niños que vivía y trabajaba en su finca

ALMERÍA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un juez de Almería ha abierto causa penal contra un empresario agrícola de Níjar (Almería) que desalojó el pasado día 9 a una familia con tres niños que trabajaba en su finca y residía en un pequeño almacén de la misma, y aprovechó que no estaban para derribarlo con todos sus enseres y efectos personales dentro.

El magistrado Manuel Rey Bellot considera en un auto, consultado por Europa Press y dictado dos días después del desalojo forzado, que en la actuación del empresario hay indicios de la presunta comisión de un delito de coacciones ya que, además, habría contratado a una "empresa desokupa",.

Pese a que en la misma resolución el juez ordenó al investigado la "restitución voluntaria" al matrimonio y sus tres hijos pequeños del uso de la vivienda ubicada en su finca agrícola, y acordó que, en caso de que no fuese así, actuasen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer efectiva esta orden, la edificación fue derruida.

El caso, que adelanta en su edición de este jueves el diario 'La Voz de Almería', también está bajo investigación de la Guardia Civil, que mantiene abiertas diligencias tras la denuncia de la familia y la judicialización de los hechos después de que los abogados de los denunciantes, Esteban Hernández-Thiel y Beatriz Gámez, pidiesen la adopción de medidas cautelares.

El auto del Juzgado de Instrucción 5 señala que la familia, con tres hijos de corta edad y que están empadronados y escolarizados en Níjar, residían habitualmente en el inmueble y hacían uso del mismo "a resultas del trabajo que desarrollaba" el padre en la finca del investigado.

Detalla que el pasado 9 de marzo "no puedo acceder a su domicilio" ya que el mismo "había sido ocupado por empleados de una empresa contratada" por el propietario, quienes "le impidieron el acceso cambiando la cerradura".

A la vista de lo investigado, el magistrado estimó que procedía la adopción de las medidas cautelares que solicitaban los abogados de la familia y remarcó que si no, "podría causarle un daño irreparable al dejarla sin vivienda en la que residir".

La medida cautelar no ha podido hacerse efectiva porque el inmueble fue derribado de manera previa pese a la denuncia después de vaciarlo de los enseres y los efectos personales, que se "encontraron arrojados en una rambla" cercana.

Según consta en la denuncia ante la Guardia Civil, el padre trabaja para el propietario de la finca, quien se ha acogido a su derecho a no declarar en la instrucción, desde hace 19 años y, desde hace 13 años, la familia reside en "un pequeño almacén que se encuentra en el interior" de esa finca.

Indica, asimismo, que las personas contratadas por el propietario de la explotación de una empresa "desokupa" llegaron a "cambiar la cerradura" y que no abandonaron su vivienda antes "porque estaban esperando que les pagase el finiquito".