ALMERÍA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juicio por la macrocausa derivada de la operación 'Poniente', en el que la Audiencia Provincia de Almería juzgará a 49 personas y otras 26 entidades jurídicas por su presunta vinculación a una trama de corrupción empresarial ligada al Ayuntamiento de El Ejido y la multinacional Abengoa, arrancará el 10 de enero con las cuestiones previas y contará con un total de 56 sesiones hasta el 30 de julio, cuando previsiblemente quede visto para sentencia.
Si bien será durante los días 10, 17 y 24 de enero cuando la Sección Tercera de la Audiencia de Almería celebre las sesiones para resolver las cuestiones previas en relación a las peticiones de nulidad y prescripción planteadas por algunos de los principales acusados, el interrogatorio de los acusados no comenzará hasta el 30 de marzo, según el calendario trasladado por el TSJA.
El tribunal ha readaptado el calendario inicial, que preveía el inicio de las sesiones el próximo 4 de noviembre, para el enjuiciamiento del medio centenar de acusados, entre ellos varios empresarios, a los que se pide un total de 1.545 años de prisión, 99 de inhabilitación para cargo público por 14 tipos delictivos y multas que ascienden en global a 884 millones de euros.
En este sentido, los acusados en el marco de la trama, entre los que se encuentra el exalcalde de El Ejido Juan Enciso y el exinterventor municipal José Alemán, para que el solicitan 64 años de prisión, extenderán sus declaraciones durante 25 días entre marzo y junio, en concreto, del 30 al 31 de marzo, del 14 al 16 de abril, del 7 al 29 de mayo y del 2 al 15 de junio.
El caso acumula ya más de diez años desde su fase de explotación, después el 20 de octubre de 2009 la Policía Nacional y la AEAT registraran el Consistorio ejidense, y practicara más de una veintena de detenciones en una operación coordinada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería y la Fiscalía Anticorrupción.
En relación al este caso, por el que llegó a haber hasta 65 procesados, el tribunal también escuchará a decenas de testigos, para los que se han reservado 13 sesiones entre el 16 de junio y el 7 de julio, dejando otros seis días para la prueba pericial --del 8 al 16 de julio-- y dos días más para la prueba documental, que tendrá lugar los días 16 y 20 de julio.
El juicio, que ha obligado a la realización de obras en la segunda planta del Palacio de Justicia de Almería durante el pasado verano a fin de que tanto los acusados como sus representantes pudieran estar presentes en la sala de vistas, entrará en su recta final el 21 de julio, con las conclusiones finales que se extenderán durante siete días hasta el final del juicio.
"SAQUEO" DE CASI 71,5 MILLONES DE EUROS
La presunta trama de corrupción política y empresarial en torno a la empresa mixta Elsur, participada por el Ayuntamiento de El Ejido y la multinacional Abengoa, habría detraído de las arcas públicas del consistorio casi 71,5 millones de euros entre los años 2002 y 2009 bajo una red en la que también estaría implicado el exinterventor municipal José Alemán.
La acusación que el Ministerio Público indica que el saqueo de las arcas públicas se realizó "orquestando la creación" de una red de sociedades que se dedicaban a "subcontratar" con la empresa mixta Elsur con "una doble finalidad: engordar artificialmente el canon anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento, y, por otra, aumentar más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública".
La Fiscalía Anticorrupción sitúa en el epicentro de la presunta trama para "aprovechamiento ilícito" al grupo empresarial Abengoa como socio privado de Elsur, con un 30 por ciento del accionariado, y le acusa de haberse apoderado de poco más de 31 millones de euros con "sobrefacturación", todo ello, según remarca, "con la connivencia" del exalcalde y del exinterventor municipal.
En total, entre 2002 y 2009 se facturó al consistorio ejidense 232,6 millones de euros de los que 31 millones de euros correspondieron a "sobrefacturaciones" de los distintos grupos empresariales y sus propietarios, entre ellos José Amate o Juan Antonio Galán, para el que pide la máxima pena de 174 años de cárcel.
El Ministerio Público calcula que el grupo de empresas controlado por el primero sobrefacturó 24,7 millones de euros, habiendo obtenido un beneficio del 53,49 por ciento con el que los 13 acusados vinculados al citado grupo han conseguido reunir un importante patrimonio inmobiliario, tanto rústico como urbano.
Mientras, el grupo empresarial vinculado a Galán, sobrefacturó presuntamente a Elsur, "aumentando el perjuicio patrimonial sufrido en detrimento de las arcas municipales", 15,6 millones de euros, "habiendo obtenido un porcentaje de beneficio del 48,21 por ciento, muy superior al que hubiera sido normal si no se hubieran aumentado artificialmente los costes de la subcontratación".
Asimismo, el grupo Abengoa supuestamente llevó a cabo mediante un entramado de sociedades una "sobrefacturación" en concepto de "gastos de apoyo a la gestión y el asesoramiento", ya que, tal y como destaca el fiscal, eran servicios "que en realidad no se prestaron pues no constan actas de reuniones de seguimiento, informes, estudios o documentos en los que se ponga de manifiesto la veracidad de los mismos y tenían como única finalidad el apoderamiento ilícito por parte del socio privado de unos fondos que sabían que era de naturaleza pública, incrementando de esta manera los costes de Elsur para así justificar ante el Ayuntamiento el incremento de los precios en beneficio propio".
PRINCIPALES DEFENSAS
En su escrito de defensa, el exalcalde de El Ejido Juan Enciso sostiene que el "daño" que el procedimiento judicial le ha infringido "ha sido y es brutal" al tiempo que afirma que no existe causa alguna por presunta corrupción "en este país donde las consecuencias personales hayan sido tan devastadoras".
"Está claro que a Enciso y a su entorno familiar, como consecuencia de este procedimiento, se le ha provocado una especie de muerte civil, primeramente apartándolo de la vida pública, para, posteriormente, asfixiarlo económicamente a él y a su familia", señala el abogado Francisco Torres, que entiende que el exalcalde y su familia han sido víctimas "de acoso y derribo" y remarca la "dureza" de estar en prisión "los muchos meses que estuvo". "Es una persecución en toda regla", considera.
Por su parte, el ex interventor municipal de El Ejido (Almería) José Alemán, sostiene que es "totalmente incierto" que percibiese "prebenda alguna" de las empresas que realizaron trabajos para la empresa mixta Elsur y asegura que sus responsabilidades se "limitaban" a ser "uno más de los consejeros" ya que se trataba de una "empresa privada, no sometida ni a control ni contabilidad pública".
Muestra su "total oposición" a la relación "plagada de errores" de hechos efectuada por las acusaciones "por no corresponder con lo instruido ni con la realidad de los hechos" pero nada dice para explicar el origen del millonario patrimonio que la investigación judicial atribuye a Alemán haber amasado en este tiempo aunque sí cuestiona duramente su enjuiciamiento. La defensa alude, asimismo, a la existencia de una causa general.
En su auto de admisión de prueba, el tribunal ya aludió a la "complejidad" de la causa, con un "importante" número de acusados y de letrados, así como de testigos y de peritos solicitados por las partes.
