Actualizado 01/04/2011 15:29:16 +00:00 CET

Residentes británicos en Almanzora se querellan contra Cruz por "injurias discriminatorias"

La consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz
EUROPA PRESS/ARCHIVO

ALMERÍA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una docena de residentes británicos en el Valle del Almanzora han interpuesto este viernes una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz, al considerar que, en su intervención ante la Cámara autonómica de 9 de marzo, pudo incurrir en un delito tipificado en el artículo 510.2 del Código Penal al emitir "injurias discriminatorias".

La querella criminal, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera que las alusiones que sobre el colectivo realizó Cruz durante su explicación al Parlamento del decreto por el que se va a normalizar la situación de viviendas ilegales en Andalucía constituyen "una difamación" y "una información injuriosa" al responsabilizar a los compradores británicos "de buena fe" y atribuirles "poco menos el haber desembarcado" en la región y "haberse dedicado a construir viviendas ilegales".

Los denunciantes, siete familias propietarias de alguna de las 12.697 edificaciones fuera de ordenación inventariadas en una decena de municipios del Valle del Almanzora por la Junta, adjuntan en la querella presentada por el abogado penalista Bernardo del Rosal, el diario de sesiones que recoge la intervención de Cruz en Comisión de Obras Públicas y subrayan aquellas expresiones que presuntamente atentan contra derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española.

Entre estas, y tras remarcar que las palabras de la consejera iban dirigidas de manera "fundamental" al colectivo británico ya que este ocupa de forma mayoritaria las viviendas ilegales, detallan extractos --en respuesta al PP-- como "no se si está defendiendo la intrusión de personas, los intereses de un conjunto de personas que se han instalado aquí de forma ilegal" o "no me preocupa una situación parcial de un conjunto de personas que se han establecido ilegalmente en nuestro territorio".

Señalan, asimismo, como "una injuria destinada a incitar a la discriminación o al rechazo de un colectivo" el que Cruz asegura que desde la Junta se estaba intentando abordar "un problema que se ha producido en Andalucía como consecuencia de la falta de respeto a la cultura del territorio, del paisaje y a la cultura urbanística" o el que afirmase que "sean o no vecinos que se han establecido de buena fe o no de tan buena fe (...) son ellos los responsables de haberlo creado".

Para los querellantes, como ya advirtieron desde la Asociación 'Abusos Urbanísticos Almanzora-NO' (AUAN) que engloba los residentes británicos en esta comarca almeriense, la titular de Obras Públicas "alivia" con su "enfoque del problema de las construcciones ilegales" la responsabilidad de promotores y constructores "nacionales", así como la de las administraciones públicas locales e, incluso, autonómica "que, con su tolerancia cuando no con sus participación activa dando licencia ilegales, han sido los verdaderos causantes del problema".

"FALSEDADES"

Critican, en esta línea, que, "sabiendo que ello es absolutamente falso", Cruz les achacase la comisión de delitos contra la ordenación del territorio "cuando los británicos han comprado sus viviendas en la absoluta convicción de que compraban casas legales, en muchos casos asesorados por promotores, constructores y abogados desaprensivos que les corroboraban la legalidad". "Cientos de procedimientos penales dan cuenta de esa realidad que, por supuesto, la consejera conoce", añaden.

La querella, en la que se solicita que el secretario del Parlamento andaluz remita copia certificada de las páginas 19 a 21 del Diario de Sesiones número 468, se acoge a un fallo del Tribunal Constitucional (TC) de noviembre de 1991 que reconoce expresamente legitimación procesal para iniciar acciones por la vía penal a los miembros individuales de un grupo étnico o social determinado cuando la ofensa se dirija contra todo el colectivo intentando provocar, en el resto de la comunidad social, sentimientos hostiles o, cuanto menos, contrarios a la dignidad, a la estima personal o al respeto al que tienen derecho.

Cruz rechazó hace poco que existiese "ningún problema" de sintonía con los alcaldes del Valle del Almanzora después de que cuatro de estos regidores, socialistas, le pidiesen una rectificación a su intervención en el Parlamento autonómico y se ratificó en sus palabras ya que, a su juicio, "se sacaron de contexto" las palabras que han molestado al colectivo. Un día después la AUAN demandaba "responsabilidades políticas" a la consejera andaluza, tildaba sus declaraciones de "insultantes" y advertía de que no las podían "dejar pasar".