ALMERÍA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El subdelegado de Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha indicado este miércoles que la Administración "va a iniciar los trámites legales" para recurrir el auto judicial que ratifica la resolución emitida por la Junta de Andalucía que, como autoridad sanitaria, ordenaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a asumir el traslado a un recurso habitacional de los últimos inmigrantes llegados en patera quienes, tras haber estado en contacto estrecho con un positivo en covid-19, deben guardar cuarentena.
En declaraciones a los periodistas, De la Fuente ha incidido que el Gobierno no es competente para realizar este tipo de traslados que, según ha observado, obedecen a una cuestión "sanitaria" y no migratoria, de modo que el traslado de 17 personas a un centro habilitado en Almería hace una semana por parte de la Policía Nacional tras casi dos meses sin acometer esta práctica se debió a "una orden judicial".
"No es un cambio de criterio, no es una concesión ni una cesión", ha recalcado el subdelegado, quien ha detallado que ahora desde Salud se ordena directamente el traslado a los agentes policiales a diferencia de las resoluciones administrativas anteriores, en las que la Junta solicitaba "colaboración" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para este cometido.
Así, una vez que la resolución es elevada ante un Juzgado de lo Contencioso-administrativo y es ratificada mediante auto por un juez, "se convierte en una orden judicial que es de obligado cumplimiento", y, por tanto, no puede ser eludida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Es como si el juez dijera a la Policía Nacional que trasladen al recurso habitacional que diga la Junta" a los inmigrantes, ha resumido el subdelegado.
Este matiz introducido en las resoluciones administrativas de la Junta, en las que hasta el momento solo se pedía el "auxilio y colaboración" del Ejecutivo central, ha sido cuestionado por el subdelegado, quien apunta que el Gobierno andaluz carece de competencias para dar órdenes a la Policía, dependiente en última instancia del Ministerio del Interior. "El juez no es que dé la razón a la Junta, sino que valida la globalidad de la resolución sin entrar en el detalle", ha considerado.
La ausencia de instrucciones precisas en ninguno de los protocolos y el posicionamiento de las administraciones, que mantienen "en el mismo punto" sus conversaciones para tratar de solucionar este asunto, han hecho que la Subdelegación opte por asumir estos traslados de cara al futuro únicamente cuando sean ordenados por un juez mediante la ratificación de la resolución administrativa.
Tras la colaboración prestada durante los meses de julio y agosto "de manera extraordinaria y excepcional", en septiembre la Policía Nacional dejó de efectuar los traslados de personas llegadas en patera en cuarentena, lo que derivó en que dos grupos de 11 y 15 personas se quedaran sin transporte y, por tanto, sin recurso habitacional, siendo puestos en libertad en Almería, mientras que en una tercera ocasión fue el Ayuntamiento de Almería el que se ocupó de realizar el traslado de 15 personas en microbús hasta Víznar (Granada).
"La posición del Gobierno es la misma: la responsabilidad es de las comunidades autónomas que tienen las competencias en materia de salud, es un problema de salud", ha insistido De la Fuente, quien además ha precisado que la misma situación también se da en Motril (Granada), Málaga y Algeciras (Cádiz) a pesar de que a los inmigrantes "se les confina en función no de su origen o de si son legales, sino de un concepto sanitario".
