Estudian emprender acciones legales contra Juan Carlos Rodríguez y Hernán Díaz (IP) por posible prevaricación y tráfico de influencias
EL PUERTO DE SANTA MARIA (CADIZ), 19 May. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción ha pedido la dimisión "inmediata" del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), Juan Carlos Rodríguez (IP), después de que el alcalde, Hernán Díaz (IP), haya firmado un decreto de demolición del garaje que el edil se construyó "ilegalmente".
Según un comunicado remitido a Europa Press por los ecologistas, Díaz ha firmado este decreto tras una denuncia formalizada por el colectivo el pasado 4 de abril en la que constataban la realización, por parte de Rodríguez, de diversas obras en su vivienda "sin la preceptiva licencia y contraviento la normativa del PGOU".
Así las cosas, el alcalde anunció la apertura de una investigación, de forma que el concejal "no tuvo más remedio" que reconocer que se había construido una piscina sin licencia, aunque negó que hubiera realizado las demás obras ilegales que Ecologistas en Acción le imputaban.
La investigación anunciada por el alcalde ha concluido con un informe del jefe de Servicio de Disciplina Urbanística, Fernando Jiménez Fornell, que "confirma la totalidad del contenido" de la denuncia ecologista, como la cubrición de porche mediante forjado (33 metros cuadrados), piscina garaje (24) y cubrición de terraza en la primera planta, todo ello "sin licencia".
Así las cosas, el informe concluye que la edificación actual ocupa un 40,9 por ciento, "cuando el máximo permitido es el 35 por ciento" y la obra del garaje es "manifiestamente incompatible" con la ordenación urbanística, "por no respetar la distancia a linderos", por lo que Juan Carlos Rodríguez debe legalizar las obras ejecutadas --infracciones "leves"--, excepto el garaje que debe ser demolido --por infracción "grave"--, según el jefe de Servicio
A juicio de los ecologistas, "con estos antecedentes", el edil "debe dimitir inmediatamente", además de que el colectivo estudiaráacciones legales contra él y el alcalde por entender que pueden haber cometido un presuntos delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias.
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