CADIZ, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
Greenpeace aseguró hoy que el protocolo que esta tarde van a firmar el Gobierno central y la Junta de Andalucía para desarrollar la zona de Las Aletas de Puerto Real (Cádiz) representa una "vulneración manifiesta de la Ley de Costas", explicando que persigue la urbanización y construcción de un polígono industrial "sobre dominio público marítimo-terrestre en las marismas del río San Pedro".
En una nota remitida a Europa Press, la asociación ecologista criticó que además de esta "vulneración a la Ley", el protocolo representa "una de las mayores agresiones de las administraciones públicas contra el medio natural y el patrimonio común de los ciudadanos" en una zona "especialmente sensible" de marismas y de expansión del río San Pedro ante posibles avenidas o de las previsibles subidas del nivel del mar.
A su juicio, todo parece indicar que, "con el fin de dar apariencia de legalidad a esta operación rocambolesca", se pretende constituir un "consorcio" entre los ministerios de Economía y Hacienda y de Medio Ambiente, la Junta de Andalucía y la Zona Franca de Cádiz para disponer del dominio público marítimo-terrestre "bajo el título ficticio de reserva" para, "una vez urbanizados y desnaturalizados, proceder a su desafectación del dominio público, patrimonialización y venta a los empresarios interesados".
La zona donde se pretende construir el polígono industrial, ocupa una zona de marisma y estuario del río que pertenece al dominio público "desde tiempo inmemorial", según Greenpeace, que aseguró que, además, estaba incluida dentro del proyecto de recuperación ambiental del estuario del río San Pedro elaborado por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente entre los años 1999 y 2000.
Así, para la responsable de la campaña de Océanos y Costas del colectivo, María José Caballero, resulta "inexplicable" que las administraciones públicas, "que deberían velar" por la conservación y restauración a su estado natural del dominio público marítimo-terrestre, "sean las que ahora promuevan su urbanización y privatización".
La firma del protocolo --hoy a las 16.30 horas en la capital gaditana con la asistencia de las consejeras de Obras Públicas y Transportes y de Medio Ambiente, Concepción Gutiérrez y Fuensanta Coves, respectivamente, el viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Jesús María Rodríguez Román, y las subsecretarias de Economía y Hacienda y de Medio Ambiente, Juana María Lázaro y Concepción Toquero-- resulta "totalmente contradictoria" para los ecologistas con la política de adquisición de fincas para su incorporación al dominio público anunciada "reiteradamente" por el Ministerio de Medio Ambiente.
Por último, Greenpeace recordó que el último proyecto conocido para construir un polígono industrial en zona de marismas, entre los municipios de Laredo y Colindres (Cantabria), terminó con una condena expresa a España por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no proteger adecuadamente las Marismas de Santoña, lo cual obligó a demoler los diques de cierre del polígono cuando ya habían sido construidos y a realizar diversas actuaciones de restauración ambiental de lo que previamente había sido degradado que exigieron importantes inversiones a cargo del erario público.
