CÁDIZ, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha citado a declarar como "investigado" al alcalde de la ciudad, José María González (PCSSP), el próximo 18 de agosto, al hilo de la querella que los integrantes del anterior equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Cádiz en el mandato 2011-2015 formalizaron hace unos días contra el primer edil, el concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, y el jefe de gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia, por un presunto delito de injurias y calumnias a cuentas de las declaraciones vertidas por éstos en relación al incidente del corte de agua en el barrio de Loreto en 2014.
En un auto con fecha de 9 de junio y consultado por Europa Press, la juez Rosa María García explica que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
No obstante, apunta que no están "determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido", por lo que la juez considera que es procedente, de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "instruir diligencias previas y practicar aquellas encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable".
Así, además de al alcalde, cita a declarar a los "investigados" Manuel González Bauza y José Vicente Barcía el 18 de agosto. Antes, el próximo 6 de julio, la jueza ha citado a declarar como "perjudicados" a la exalcaldesa Teófila Martínez, así como al portavoz del Grupo Municipal Popular, Ignacio Romaní, y a José Blas Fernández, Mercedes Colombo, Juan José Ortiz, Antonio Castillo, Bruno García de León, Juan Antonio Guerrero y Vicente Sánchez.
Contra dicha resolución se puede interponer recurso de reforma y subsidiariamente con el anterior o por separado recurso de apelación, según recoge el auto.
En una nota, el Grupo Municipal Popular ha recordado que en su querella, de 35 folios y presentada el pasado 2 de junio por todos los integrantes del anterior equipo de gobierno municipal, los 'populares' acusaban de "calumnias e injurias" al alcalde, al edil de Medio Ambiente y al jefe de gabinete de Alcaldía, al manifestar públicamente que los querellantes "contaminaron a sabiendas a los 13.000 vecinos del barrio de Loreto durante 14 días, lo que a todas vistas es una acusación por un delito contra la salud pública".
El portavoz municipal del Grupo Popular, Ignacio Romaní, ha resaltado que reiterado este sábado lo indicado en el momento de presentar el acto de conciliación y la querella posterior. "Hemos dado todos los pasos con tranquilidad pero con toda contundencia: un delito de este calibre no puede quedar impune", ha aseverado.
"Acusar a alguien de dar agua contaminada a sabiendas a 14.000 personas es una monstruosidad, es algo miserable. Demasiado grave como para que González Santos no haya destituido ya a su asesor al concejal y haber dimitido después", ha enfatizado Romaní. Además, desde el PP han subrayado que la figura de "investigado" es la que "sustituye a la de imputado en el nuevo ordenamiento jurídico".
