Plataforma para la defensa del sector almadrabero solicitará a Elena Espinosa una reunión "a la mayor brevedad"

CÁDIZ 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma para la defensa del sector artesanal de la pesca del atún rojo celebró hoy en Barbate (Cádiz) su primera reunión, en la que acordó solicitar a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Elena Espinosa, un encuentro "a la mayor brevedad" para trasladarle sus exigencias y "la dureza de la situación".

Según explicó el Consistorio barbateño en un comunicado, la reunión estuvo marcada por la "unidad" en la defensa de los puestos generados por el sector. El encuentro estuvo presidido por el vicepresidente de la Diputación Provincial, Federico Pérez Peralta, y los alcaldes de Conil, Tarifa y Barbate, Antonio Roldán, Miguel Manella y Rafael Quirós, respectivamente.

El objetivo principal fue consensuar las acciones que se van a llevar a cabo, sobre todo orientadas a la conservación de los puestos de trabajo que genera este sector, "haciendo valer y convenciendo con la razón que da el ejercicio de una actividad sostenible que se ve abocada a una situación límite debido a la mala práctica y pesca de atunes de poca talla que han venido realizando otras industrias atuneras y que de hecho desde el sector pesquero artesanal ya se venía avisando", explicaron los alcaldes.

Así, se concretó que el primer paso es cerrar una reunión en Madrid con Elena Espinosa "lo antes posible" para exponer la situación, quedando claro que los trabajadores tendrán un peso importante en la representación, "ya que somos los más dolientes", expresó uno de ellos. La premura de tiempo se debe a que ya en enero algunas de las almadrabas comienzan a calar las redes, y así progresivamente.

Otra de las medidas que se van a adoptar es pedir a los parlamentarios provinciales, regionales y nacionales que estén presentes en la Plataforma, para así conocer de primera mano lo que van a defender.

Desde la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba pusieron de manifiesto que "en los últimos diez años esta actividad ha aportado casi 40 millones de euros en impuestos", por lo que consideraron que, "ahora que se necesita, podría exigirse a las administraciones que reporten parte de esta aportación para salir dignamente". También se sugirió la defensa de los derechos históricos adquiridos por una actividad sostenible.