Actualizado 26/07/2017 11:55:02 +00:00 CET

Podemos exige al Ministerio de Defensa que solucione "la precariedad" que sufren los vigilantes de los cuarteles

Juan Antonio Delgado, de Podemos, en rueda de prensa
EUROPA PRESS/PODEMOS

CÁDIZ, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Podemos por la provincia de Cádiz, Juan Antonio Delgado, ha exigido al Ministerio de Defensa que solucione "la precariedad" que sufren los vigilantes de seguridad privada de los cuarteles que trabajan mediante una subcontrata.

En rueda de prensa en Cádiz, Delgado ha señalado que estos trabajadores pertenecen a la empresa Marsegur, "que ha sido condenada por la Audiencia Nacional debido a la vulneración de los derechos laborales", y ha indicado que esta situación afecta en la provincia gaditana a medio centenar de empleados.

A juicio del diputado de Podemos, "esta es una muestra más del empleo que dice el PP que se está creando y que es un empleo precario, basura y en régimen de semiesclavitud".

Por su parte, María de los Ángeles Peña, portavoz de CCOO, ha lamentado la "imposición de condiciones precarias" a los vigilantes por parte de Marsegur. En este sentido, ha añadido que "en centros militares como Torregorda (San Fernando), el servicio lo tenía el mismo empresario con una empresa de distinto nombre (Seguridad Integral Canarias)".

"Además de deber varias nóminas a los trabajadores, ha aplicado un convenio que vulnera los derechos laborales y en la que aplica un pliego de condiciones a la baja", ha señalado Peña, que ha añadido que "la plantilla ha visto reducido su sueldo en más de 400 euros, por lo que su salario gira entre los 600 y 700 euros mensuales".

Por su parte, la diputada de Unidos Podemos por Las Palmas y portavoz adjunta en la Comisión de Defensa en el Congreso, Carmen Valido, ha recalcado que esta problemática no afecta sólo a los trabajadores de la provincia de Cádiz, sino a los de todo el país.

Por ello, ha insistido en la necesidad de rescindir "de una vez por todas" el contrato con la empresa Marsegur, propiedad del empresario canario Miguel Ángel Ramírez. "Es insólito que la Administración siga contando con un empresario que tiene múltiples causas en lo Social por incumplimiento de contratos, de pagos y de las condiciones de trabajo", ha afirmado.