CÁDIZ, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz ha criticado que el alcalde de la ciudad, José María González (PCSSP), "en lugar de colaborar con la justicia", haya decidido presentar un recurso contra el auto del juzgado que le "imputa un presunto delito de injurias y calumnias" a raíz de la querella presentada por el anterior equipo de gobierno del PP tras las declaraciones vertidas en relación al incidente del corte de agua en el barrio de Loreto en 2014.
Fuentes del Grupo Popular han explicado a Europa Press que les "extraña mucho" que el alcalde haya pasado de decir que no tenía "ningún problema" en presentarse a declarar cuando fuera citado junto al resto de investigados a "pedir en el recurso que no admitan a trámite la querella".
Asimismo, han recordado que González valoró en su día el auto como "un trámite obligado" para el juez en lo que respecta a su admisión a trámite, incidiendo en que también dijo que "no tenía ningún problema en ir a declarar".
Por ello, los 'populares' han reprochado a los investigados --el alcalde, el edil de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, y el jefe del gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia-- que "ahora recurran ese auto en vez de ir a colaborar con la justicia y aclarar, en esas diligencias previas que abrió el juzgado, cuál fue su participación en ese presunto delito de injurias y calumnias".
Finalmente, el PP se ha preguntado "qué es lo que han visto en la querella que tanto les ha asustado", ya que "antes de analizarla no tenían, al parecer, ningún problema en declarar en calidad de investigados" y ahora, "cuando la han visto, lo primero que han hecho es recurrir ese auto de imputación".
Como se recordará, todos los integrantes del anterior equipo de gobierno municipal del PP presentaron el pasado 2 de junio una querella de 35 folios en la que acusaban de calumnias e injurias al alcalde, al edil de Medio Ambiente y al jefe de gabinete de Alcaldía por manifestar públicamente que los querellantes "contaminaron a sabiendas a los 13.000 vecinos del barrio de Loreto durante 14 días, lo que a todas vistas es una acusación por un delito contra la salud pública".
Tras la admisión a trámite de la querella en un auto del pasado del 9 de junio, los investigados han presentado un recurso ante el juzgado instructor que ha propiciado el aplazamiento al 26 octubre de su declaración, que estaba inicialmente prevista para el 18 de agosto.
