ROTA (CÁDIZ), 31 Dic. (EUROPA PRESS) -
Más de un centenar de personas, entre trabajadores del aeropuerto de la base naval de Rota (Cádiz) y familiares, despedirán el año encerrados en el salón de actos del Palacio Municipal Castillo de Luna para continuar denunciando "las represalias" que dicen estar sufriendo por parte de la mercantil estadounidense Louis Berger Aircraft Services (LBAS).
Así lo ha indicado a Europa Press el secretario del comité de empresa de los trabajadores del aeropuerto de la base, Edgard Schmidt, quien ha precisado que "la empresa no ha respondido" y que, por ello, "nos vuelven a confirmar que no están por la labor".
Asimismo, Schmidt ha indicado que el día 29 se llevó a cabo una concentración y dos asambleas, incluyendo una votación de compromiso de la continuidad del encierro, y ha destacado "la armonía, el compromiso y la firmeza".
Igualmente, el secretario del comité de empresa ha apuntado que están "a la espera" de "recibir respuestas" de todos los grupos a los que "les hemos solicitado gestiones", ya sea la administración central o la Junta de Andalucía, "cada una en sus competencias".
Además, una nota de prensa difundida por el comité de empresa el pasado fin de semana criticó que las "persecuciones" y "represalias" se reflejan en "23 despidos, doce de ellos el 31 de enero de 2017, por causas de naturaleza productiva y organizativa, que en los cuatro primeros juicios del 29 de junio fueron declarados improcedentes".
Desde el comité apuntaron que, a pesar de que esas "cuatro sentencias calificaban a los despidos como improcedentes", se ha vuelto a despedir "por causas idénticas" a seis trabajadores el pasado 30 de noviembre de este año 2017.
Asimismo, según informó el comité de empresa, se han recogido "cinco despidos disciplinarios", el primero el pasado 26 de octubre de 2016, "cuyo juicio se celebró el pasado 20 de noviembre y las partes llegaron a un acuerdo económico importante, antes de entrar a sala".
Igualmente, señalaron que ha habido "doce sancionados, entre ellos un miembro del comité, y más recientemente el propio presidente del comité con 16 días de suspensión de empleo y sueldo", todo ello "en un clima de trabajo tenso y asfixiante", donde la plantilla, "ante la falta de personal, no puede aceptar los despidos" y la "merma de derechos impuesta por la empresa", por lo que "se han presentado multitud de denuncias ante la Inspección de Trabajo de Cádiz".
En este sentido, el comité de empresa dijo que había instado "en reiteradas ocasiones" a LBAS a que cumpliese con la legislación laboral española, y ha subrayado el "malestar" de la plantilla respecto a las decisiones "tomadas por el Gobierno de España" ante la "denegación por parte de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz" del lugar solicitado para las concentraciones durante las tres huelgas, "relegándolos a un lugar de poca visibilidad, y por lo tanto pasando desapercibidos".
Asimismo, también recogieron "la imposición de unos servicios mínimos" por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, en las dos huelgas anteriores, que, "en opinión del comité de empresa y las centrales sindicales UGT y CCOO, fueron abusivos", por lo que fueron recurridos ante el contencioso administrativo por parte de ambos sindicatos.
Por último, los trabajadores de la base naval de Rota rogaron tanto a las autoridades civiles y militares españolas que "le hagan saber a la multinacional estadounidense LBAS" que en España "todos debemos cumplir las leyes, no solo los trabajadores".
