Publicado 24/07/2020 13:31:00 +02:00CET

Diputación de Cádiz destina 300.000 euros a evitar cortes de suministros en hogares vulnerables de pequeñas localidades

David de la Encina, diputado provincial de Bienestar Social
David de la Encina, diputado provincial de Bienestar Social - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación ha aprobado el expediente de subvención para sufragar el Programa Contra la Pobreza Energética en el ejercicio 2020. Los ayuntamientos de población inferior a los 20.000 habitantes y las ELA de la provincia son las beneficiarias de esta iniciativa, que pretende proteger a colectivos vulnerables ante cortes de suministros básicos con un fondo de 300.000 euros que se gestiona a través de la delegación de Bienestar Social.

En una nota, el diputado provincial de Bienestar Social, David de la Encina, ha destacado que "con este programa se protege el derecho al acceso a bien básico, como es el de la energía, y se asegura luz, agua y gas a las familias con menos recursos, en un año especialmente complicado para muchas de ellas a causa de las circunstancias excepcionales que ha supuesto la crisis de la Covid-19".

Cada ayuntamiento recibe una cantidad que oscila entre los 3.000 y los 15.000 euros, según la población y, en consecuencia, el número de casos potenciales para beneficiarse de estos recursos.

Según ha explicado la Diputación, las localidades con menos de 1.500 habitantes reciben 3.000 euros; los ayuntamientos de poblaciones de entre 1.501 y 5.000 habitantes, 6.000 euros; las localidades de entre 5.001 y las 7.000 personas, 8.000 euros; los municipios de entre 7.000 y 10.000 habitantes, 10.500 euros; y los de entre 10.001 y 20.000 habitantes, recibirán 15.000 euros para ayudas, el importe más elevado.

Además, aproximadamente una sexta parte del total, 44.000 euros, se destina a las entidades locales autónomas. En total son 40 localidades, 30 municipios y diez ELA las que se suman al plan.

En la valoración de las solicitudes de estas ayudas se tienen en cuenta tanto el nivel de ingresos y número de componentes de la unidad familiar, como ciertas circunstancias esenciales de carácter social, como son que algún miembro de la familia tenga alguna discapacidad, que se trate de víctimas de violencia de género, que sean personas usuarias de los Servicios Sociales o que se trate de familias monoparentales, ente otras cuestiones.

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