SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda valoró hoy las bases para crear los registros municipales de demandantes de viviendas protegidas presentadas por 591 ayuntamientos de la comunidad, mientras que las ordenanzas propuestas por otros 124 deberán corregir diversas anomalías, relativas en su mayoría a los criterios de selección, antes de recibir el informe positivo de la Junta.

En un comunicado, la Administración andaluza señaló que hasta el momento han presentado las ordenanzas para la creación de los registros 715 ayuntamientos andaluces, lo que supone casi el 93 por ciento de los municipios de la comunidad. Todos los municipios que integran las provincias de Almería y Cádiz cuentan ya con este preceptivo informe autonómico; mientras que en Córdoba han pasado por este trámite 69 localidades; en Granada, 153; en Huelva, 754; en Jaén, 95; en Málaga, 76, y en Sevilla, 101.

El secretario general de Vivienda, Suelo y Arquitectura de la Consejería de Obras Públicas, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, se reunió hoy con los representantes de los 25 municipios de mayor tamaño, que representan casi el 50 por ciento de la población andaluza, para evaluar la implantación de esta figura, contemplada en la Ley del Derecho a la Vivienda como clave para conocer las necesidades de inmuebles protegidos en cada municipio de la comunidad y ajustar consecuentemente la oferta.

La gran mayoría de esas 25 localidades ya cuentan con esta base de datos en funcionamiento, por lo que la convocatoria ha permitido hacer un seguimiento de su implantación y de su gestión a través de la aplicación informática creada por la Junta. A esta primera reunión le seguirán otras de alcance provincial con el fin de tener una radiografía exacta de su desarrollo en toda Andalucía.

De igual modo, Gómez de Celis dio a conocer durante la reunión la última aplicación de la herramienta informática que posibilitará a los ayuntamientos adjudicar a los ciudadanos inscritos en las bases de datos los inmuebles protegidos.

El programa informático, que se ha diseñado con el objetivo de facilitarles a los ayuntamientos la creación y puesta en funcionamiento de esas bases de datos, está ideado tanto para la recogida de información de los ciudadanos como para la posterior adjudicación de viviendas.

Hasta ahora, la Junta de Andalucía ya ha finalizado y ha puesto a disposición de los municipios las dos primeras fases del programa, con las que los ayuntamientos pueden recoger solicitudes, grabarlas y tramitarlas. Un total de 323 ayuntamientos ha solicitado el alta en la herramienta, entre ellos los 25 convocados hoy, por lo que pueden manejar estos dos niveles de uso. Esta tercera y última fase les posibilitará, además, utilizarla para adjudicar las viviendas entre los inscritos, seleccionando el procedimiento elegido por cada uno de ellos, bien mediante baremación, antigüedad o sorteo.

Aunque con estos tres niveles se culmina el desarrollo de todos los módulos de que se compone el sistema, la Consejería podrá ir incorporando nuevas funcionalidades solicitadas por los municipios para optimizar su uso por parte de los técnicos municipales encargados de gestionar las bases de datos.

Los registros municipales de demandantes de vivienda protegida no sólo incluirán cuántos ciudadanos tienen derecho a una vivienda en cada localidad, sino que también caracterizarán la demanda en función de las necesidades familiares: régimen al que opta el interesado (en venta o en alquiler), tipología de vivienda (si es adaptada o no) y superficie y distribución del inmueble, entre otros aspectos.

Asimismo, permitirán que los ciudadanos soliciten una VPO hasta en tres municipios distintos, consignando cuál es su localidad de preferencia. En estas bases de datos podrán inscribirse todas las personas que demanden una VPO o un alojamiento protegido y que cumplan los requisitos legales para acceder a uno. Con esta información contrastada y sistematizada se elaborarán los planes municipales de vivienda de una forma mucho más ajustada a las necesidades.