SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
La vicesecretaria de Relación con las Organizaciones Sociales del Partido Popular andaluz (PP-A), Alicia Martínez, señaló este martes que su partido presentará una proposición no de Ley (PNL) que defienda el interés general de la sociedad andaluza y que garantice la seguridad de los proyectos de Ingeniería y Arquitectura y la calidad de los mismos a través de los mecanismos establecidos por los colegios profesionales.
Según explicó el PP-A en una nota, Martínez aseguró que intentarán llevarla al Parlamento con el consenso de todas las fuerzas políticas, como ha ocurrido por ejemplo en la Asamblea de Extremadura, donde PSOE y PP instaron al Gobierno a garantizar la seguridad de las instalaciones, obras y edificaciones a través del visado colegial.
La vicesecretaria, que se reunió con los portavoces de los ingenieros y arquitectos de Andalucía, se refirió a la Ley Omnibus de 22 de diciembre y aseguró que con ella se ha abierto el camino para la supresión del visado obligatorio de los trabajos profesionales de la ingeniería y de la arquitectura en sus diversas ramas, "situación ante la que se han unido estos colectivos por la defensa del visado profesional y en defensa de una sociedad más segura".
La 'popular' explicó que el visado por los colegios profesionales es una garantía de la persona que lo firma e indicó que muestra que se trata de "un profesional cualificado y que está en posesión de los títulos que lo acreditan, y al mismo tiempo se supervisa que el trabajo realizado se adecua a unos estándares mínimos de calidad y de requisitos normativos de todo tipo".
De este modo, señaló que todo esto "se pone en riesgo" con esta ley, que va a desarrollar en primer lugar un decreto para la eliminación del visado obligatorio y, en segundo lugar, una ley para eliminar la colegiación obligatoria.
Asimismo, apuntó que el decreto aprobado el 30 de abril ha recibido numerosas alegaciones, incluso por parte de comunidades autónomas como Navarra, Canarias, Murcia o Extremadura, "donde apuestan por la defensa de la calidad de vida, de una sociedad más segura.
Este decreto, agregó, pretende sustituir la garantía del visado y la colegiación por una declaración responsable de los profesionales, "pero no se garantiza el seguro sobre la responsabilidad decenal de los proyectos y, en definitiva, se desdibuja el marco actualmente establecido para dar paso a una desregulación salvaje y a la práctica del intrusismo, sin que el Gobierno haya establecido garantías alternativas al sistema actual".
