SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
Unos 1.400 trabajadores de la enseñanza pública se han concentrado este miércoles por tercera vez en lo que va del mes de noviembre para protestar por los "recortes sociales" y la "supresión de derechos laborales que ha decretado el Gobierno de España y por el seguidismo que está llevando a cabo el Gobierno de Andalucía, reflejado en el proyecto de presupuestos para 2011". Esta vez, la convocatoria ha tenido lugar frente a las puertas de la sede del Gobierno andaluz, en el Palacio de San Telmo en Sevilla.
Allí, según han informado en un comunicado conjunto de CCOO y UGT --sindicatos convocantes--, responsables de ambas organizaciones han hecho entrega y dado lectura a un manifiesto donde están recogidas las reivindicaciones sindicales.
Con esta nueva acción pretenden poner el acento sobre las ya realizadas el día 3 ante las sedes provinciales de Muface y las del día 10 ante las Delegaciones provinciales de Hacienda, ya que para las Federaciones de Enseñanza de CCOO y UGT "aceptar como inevitable un deterioro permanente de nuestras condiciones de trabajo significa renunciar a la ciudadanía, a la política y al sentido último de la democracia".
Por ello, tras la huelga del 29 de septiembre, ambas federaciones insisten en que es necesaria la movilización "para exigir la rectificación de estas políticas y las próximas medidas que ya están anunciadas por el Gobierno sobre pensiones y jubilación traducidas en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y de la Junta de Andalucía".
Según ambas federaciones sindicales, el Anteproyecto de Presupuesto para Andalucía "no se puede desligar en su análisis de las directrices marcadas por los PGE, y desde el Gobierno andaluz se ha asumido con extremo rigor y absoluto seguidismo esa política de ajuste duro, con la obsesión por reducir el déficit público y sin tener en cuenta otras medidas, que son posibles y más justas y progresistas".
Para CCOO y UGT, la Educación es un elemento estratégico de absoluta prioridad para reorientar la salida de la crisis y por el que hay que seguir apostando con la mayor rotundidad. Por eso, consideran "absolutamente inadmisible la amortización de plazas que supone el acatamiento a la Ley de PGE" y mantienen "que los presupuestos educativos deben garantizar de manera clara las convocatorias de empleo público sin amortización, tanto de profesorado como de laborales".
"Es máximo el desacuerdo, por parte de CCOO y UGT, con la imposición del recorte del cinco por ciento en los salarios de los empleados públicos, y con la congelación para este ejercicio, rompiendo los acuerdos sindicales y vulnerando el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos, pero, es aún más preocupante lo que esta medida supone en el recorte de las plantillas y las contrataciones, por su evidente repercusión en el deterioro de la calidad de la prestación de los servicios públicos", han asegurado.
