SEVILLA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un 80 por ciento de expertos nacionales consideró necesario establecer más incentivos para lograr una menor siniestralidad en el sector de la construcción, según un informe editado por la Fundación Sando ha editado un informe que recoge las conclusiones del Estudio Nacional de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que han participado más de un centenar de expertos en prevención de riesgos laborales de todo el país.
En la publicación, consultada por Europa Press y hecha pública con motivo del Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, se analiza el panorama actual del sector y se evalúan aspectos claves como la regulación de la Ley de Subcontratación o el papel de los Servicios de Prevención Ajenos. La encuesta fue formulada a expertos de organizaciones e instituciones a nivel nacional, relacionadas o dedicadas a la seguridad y salud laboral tanto públicas como privadas.
De esta forma, un 80 por ciento de expertos cree que además de beneficiar a las empresa con menos siniestralidad a través de la reducción de cotizaciones a la Seguridad Social, el llamado 'bonus malus, "se deberían contemplar otros incentivos, como exención de impuestos y subvenciones". Por el contrario, un 20 por ciento cree que "no es comprensible que se premie algo que es obligatorio legalmente".
Sobre el sistema de 'bonus malus' en la construcción, el 85 por ciento de encuestados cree que este sistema "es un instrumento eficaz y motivador para el cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos y el 15 por ciento opina que no debe permitirse un aspecto legal, moral y fundamental, pues podría dar lugar a que las empresas enmascaren sus accidentes por enfermedades comunes".
Asimismo, gran parte cree que el informe de una auditoría acreditada es "insuficiente" para determinar si una empresa debe ser beneficiada por el 'bonus malus' y el 67 por ciento cree que debería decidir la Administración y que deberían ser condicionantes la reducción del número de accidentes, el seguimiento de acciones preventivas".
De esta forma, se considera que el 'bonus malus' es una medida "eficaz para el cumplimiento de la legislación, aunque se observa una disparidad de opiniones, ya que un porcentaje de los encuestados considera que no se debería premiar el cumplimiento de la normativa".
El 90 por ciento de expertos en prevención consultados cree que las normas para regular la subcontratación "mejorarán las condiciones de trabajo de las empresas", mientras que un 10 por ciento cree que se trata de un "mero formalismo".
Entre los aspectos positivos de la normativa, los encuestados destacaron que "desaparecerán empresas sin especialización, se reducirán los niveles de subcontratación y eliminarán intermediarios, se fomentará la estabilidad en el empleo, tendrá trabajadores más formados y se mejorará la coordinación de actividades". Entre los aspectos negativos de esta normativa, los expertos apuntan que "no se limitará la subcontratación en sentido horizontal, permitirá las subcontrataciones encubiertas y no incide en los aspectos culturales de la prevención de riesgos".
EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
Asimismo, requeridos sobre la acreditación y registros de las empresas subcontratistas, el 70 por ciento cree que con los registros se mejorarán las condiciones de seguridad y salud en las obras, el 25 por ciento lo considera un "mero trámite administrativo" y el cinco por ciento cree que ese registro es "discutible".
El 80 por ciento de encuestados cree que subcontratar sólo a empresas acreditadas "no paliará sus responsabilidades legales" y el 20 por ciento cree que sí paliará "al garantizarse una estructura organizativa".
Asimismo, sobre los sistemas de prevención ajenos, el 90 por ciento de encuestados cree que el servicio prestado por esos sistemas "son insuficientes", toda vez que los profesionales consideraron que los servicios de prevención ajenos "no cubren las necesidades de las empresas debido a que en muchas ocasiones los conciertos no se corresponden con la realidad de las empresas de construcción y en otros casos son las propias empresas las que no aplican las medidas y pautas de actuación propuestas". Además, el 62 por ciento cree que serían necesarios mayores controles.
AUMENTO DE LAS INSPECCIONES
Una parte importante de encuestados apunta la necesidad de aumentar el número de inspecciones y un 80 por ciento apoyan la medida ya puesta en marcha de dotar de competencias de inspección a los técnicos asesores de las comunidades autónomas, aunque consideran que "en la práctica este modelo resulta difícil de mantener". Asimismo, un 67 por ciento aboga por acometer inspecciones específicas.
Preguntados por el papel de la prevención de riesgos laborales en la situación económica actual de crisis, la mayoría defendió que no se debe reducir ni eliminar costes derivados de la siniestralidad laboral "y en ningún caso se debe permitir el ahorro a costa de la prevención, sino lo contrario para evitar empeorar la preocupante crisis por la que atraviesa el sector de la construcción".
Los expertos coincidieron en que la cultura preventiva "aporta mayores valores a la empresa y un ahorro de tiempo y productividad, debido a la inexistencia de contratiempos e incidencia por contingencias laborales".
También plantearon la contribución de la prevención de riesgos laborales al modelo de gestión empresarial basado en la responsabilidad social corporativa.
