HUELVA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Sección 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado la reclamación del grupo político onubense Mesa de La Ría por la cual retrasa la decisión acerca del plan de recuperación de las balsas de Fosfoyesos presentado por Fertiberia hasta que no se tramiten la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de modo que ambas figuras se tramitarán con carácter previo al pronunciamiento definitivo del propio tribunal.
Según se refleja en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal acuerda "requerir a Fertiberia, a la administración general del Estado y a la Junta de Andalucía, cada una de ellas en el marco de sus propias competencias y actuando con la debida colaboración para que se proceda a la tramitación de la evaluación de impacto ambiental del proyecto, que corresponde a la administración general del Estado y de la Autorización Ambiental Integrada que corresponde a la Junta de Andalucía".
Para el juez resulta "evidente" que en la autorización ambiental del proyecto constructivo, "se habrán de recabar los informes legalmente exigibles sobre su viabilidad jurídica, ya sea desde la perspectiva urbanística, la ambiental o de salud pública exigidos por la normativa estatal o autonómica".
Como consecuencia de ello, el auto concluye que "no procede ahora hacer ningún pronunciamiento al respecto, sin perjuicio de adoptar las medidas necesarias para que la tramitación ambiental del proyecto se lleve a cabo a la mayor brevedad posible".
Pese a esta resolución favorable a los intereses de Mesa de la Ría, el juez desestima, sin embargo, el resto de medidas solicitadas por el grupo político, entre ellas la ampliación del proyecto de 428 a 720 hectáreas o que se adecue el proyecto a las normas reguladoras urbanísticas del Ayuntamiento de Huelva.
VALORACIÓN DE MESA DE LA RÍA
Según ha informado la Mesa de la Ría en una nota, se ha conseguido que la Audiencia Nacional "atienda la principal de las pretensiones que se presentaron ante la Audiencia Nacional mediante incidente de ejecución de sentencia de fecha 8 de marzo de 2016, es decir, que posponga su pronunciamiento sobre el proyecto de Fertiberia, calificado como idóneo por el Ministerio de Isabel Tejerina, hasta que las autorizaciones ambientales hayan sido tramitadas y resueltas".
Para Mesa de la Ría, esta cuestión que en principio pudiera parecer de poco calado, resulta de "especial relevancia para lograr evitar que el proyecto de enterrado de las balsas de fosfoyesos se lleve a cabo, ya que con ello se consigue que el informe negativo de compatibilidad urbanística pase a ser determinante". Con dicho informe desfavorable, "la Autorización Ambiental Integrada de dicho proyecto tendrá que ser denegada y por tanto, el proyecto de Fertiberia nunca podría llegar a ejecutarse".
Con esa resolución desfavorable de la Junta de Andalucía, la Audiencia Nacional en ningún caso podrá ejecutar la sentencia tal y como pretende hacerlo Fertiberia, y por tanto tendrán que valorarse otras alternativas de restauración ambiental que sí resulten compatibles con el ordenamiento urbanístico de la ciudad, es decir, devolviendo la zona a su condición originaria de marisma y de cauce del río Tinto.
El Auto judicial de 21 de octubre de 2016 supone por tanto un paso importantísimo en la búsqueda de una solución definitiva al problema, el cual es fruto de la ímproba batalla judicial que desde Mesa de la Ría se viene desarrollando en este proceso desde hace años.
Al final, "el esfuerzo empieza a dar los resultados esperados y la justicia parece que por fin se decantará del lado de la ciudadanía onubense y del interés general, tal y como quedó demostrado mediante el rechazo unánime mostrado por toda la sociedad onubense en la manifestación del 3 de diciembre de 2015, de la que ahora precisamente se cumple su primer aniversario".
Desde la Mesa de la Ría instarán a las administraciones local y autonómica a que cada una de ellas, en el marco de sus competencias, actúen con total escrupulosidad y respeto a la Ley, la cual deja bien claro, como así ha manifestado el propio Ayuntamiento ante la Audiencia Nacional, que el proyecto es "incompatible con el ordenamiento urbanístico y que por tanto no es susceptible de obtener la mencionada Autorización Ambiental Integrada".
